La Comisión de Juicio Político de la Cámara baja acusó por distintos cargos a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y ahora el pleno de Diputados deberá decidir en el recinto si avanza en el proceso de remoción de los integrantes del máximo tribunal argentino.
Los impulsores del pronunciamiento definieron el dictamen como un hecho histórico, en tanto que se anunció la presentación de por lo menos dos dictámenes en minoría. Se trata de los de la riojana Alejandra Oviedo, el pampeano Manuel Baladrón y el salteño Enrique Tanoni.
Los dictámenes, de unas mil fojas por cada uno de los nueve integrantes de la Corte, fueron apoyados por un grupo de 17 legisladores -del justicialismo, la UCR, el ARI y el Frepaso- sobre 29 miembros que tiene la comisión.
Los cargos contra los integrantes del tribunal se relacionan con distintas causas, entre ellas la investigación por la venta ilegal de armas, el atentado a la Embajada de Israel, el rebalanceo telefónico, el "corralito" financiero y cuestiones éticas. El que acumuló más cargos en su contra (44 en total) fue el presidente de la Corte, Julio Nazareno; y le siguieron Eduardo Moliné O'Connor con 40 cargos, Guillermo López (36), Antonio Boggiano (35) y Adolfo Vázquez (29 cargos). Los demás jueces acusados acumularon menos cargos: Carlos Fayt (23), Augusto Belluscio (22), Enrique Petracchi (12) y Gustavo Bossert (9).
En el medio, entre los que están a favor de enjuiciar a la Corte y los que rechazan ello, quedaron varios diputados del justicialismo alineados con la postura del Gobierno de Eduardo Duhalde, que prefirieron no concurrir a la reunión para evitar pronunciarse.
Los diputados justicialistas que votaron a favor de la acusación fueron el presidente de la comisión, Sergio Acevedo, Ricardo Falú y Franco Caviglia. Este último, sin embargo, retiró luego su firma del dictamen aduciendo que "no fue discutido en el bloque", decisión que deberá fundamentar por escrito a la comisión.
Por el radicalismo, todos los diputados que integran la comisión votaron en favor del dictamen, e incluso Marta Milesi y Fortunato Cambareri, que no estuvieron presentes, enviaron su voto favorable por escrito. También en favor del dictamen, la diputada por el ARI Elisa Carrió admitió que vivió la acusación a la Corte como "una fiesta".
Uno de los ausentes de la reunión que se desarrolló bajo estricto quórum, el justicialista cordobés Eduardo Di Cola, había adelantado el miércoles que sumaría su firma al dictamen de la mayoría, en tanto algunas fuentes consignaban en la víspera que Jorge Casanovas (PJ-Buenos Aires) presentaría un dictamen por separado. Sin embargo el propio legislador aclaró que no presentaría un dictamen hasta que no hubiera un pronunciamiento de la bancada peronista.
Más allá de estos casos puntuales, lo cierto es que la reunión del miércoles de la comisión dejó expuesta la división que existe dentro del bloque justicialista entre diputados con posturas a favor y en contra de avanzar en el proceso de juicio político contra la Corte Suprema. Incluso, fuentes legislativas vinculadas con algunos de los legisladores del PJ que no asistieron al encuentro de este mediodía argumentaron que esos diputados no se habían presentado porque habían establecido que recién se pronunciarían sobre el tema cuando el bloque tomara una postura en conjunto.
En forma paralela, el presidente del bloque de diputados del PJ, Humberto Roggero, confirmó que el martes se reunirá en pleno la bancada justicialista para resolver qué actitud asumirá frente al dictamen de mayoría emitido por la comisión, que acusa por mal desempeño de sus funciones a los miembros de la Corte.
En buena medida, la suerte que correrán las acusaciones contra los ministros del Máximo Tribunal quedará sujeta al resultado de esa discusión -que promete ser ardua-, dado que, para poder promover la acusación ante el Senado, la Constitución establece que es necesario que coseche los dos tercios de los votos.
Por el lado de la UCR, cuyos ocho representantes en la comisión respaldaron el dictamen acusatorio, fue emitido un comunicado en el que consignaron que votaron en consonancia con "la posición histórica asumida por la UCR desde el momento en que se produjo el aumento del número de miembros de la Corte en 1990". También adoptaron una posición homogénea en favor del dictamen de mayoría los diputados del Interbloque Alternativa -Elisa Carrió, Héctor Polino y María América González- y las dos representantes del Frepaso, Nilda Garré y Araceli Méndez de Ferreira.
Los diputados que firmaron el dictamen de mayoría coincidieron en destacar que "más allá de lo que ocurra con las acusaciones en el recinto", la firma del despacho constituye "un hecho histórico".
"Ojalá que más allá del resultado final de este proceso, es decir de si las acusaciones prosperan o no en el recinto, esto sirva para que la sociedad confíe en sus poderes públicos y en la calidad de la representación", aseveró el presidente de la comisión, el justicialista Sergio Acevedo.
Quien disparó duramente contra quienes emitieron el despacho de mayoría fue la menemista Alejandra Oviedo: "Este dictamen es una inyección letal para el sistema democrático y para la República en estos momentos críticos", aseveró en tono visiblemente ofuscado ante la prensa al término del encuentro. Además, la diputada riojana criticó a la presidenta del ARI, Elisa Carrió, por pretender "llevar" a los legisladores "al suicidio colectivo sin saber para qué" y fustigó el trabajo de la comisión por considerar que "hubo falencias profundas en cuanto al procedimiento" y que "no se respetó el derecho a la defensa".
Por su parte, la diputada Carrió destacó como "un hecho histórico" la firma del dictamen de mayoría, expresó su confianza en que "la Cámara respaldará" la acusación y señaló que "las circunstancias del país son tan cambiantes que habrá que esperar un día favorable para dictar justicia".