El Gobierno estudia la eliminación del impuesto al endeudamiento empresario y la creación de un gravamen que afectará a las empresas que pesificaron sus deudas, según trascendió en el Palacio de Hacienda. Ambas medidas ya contarían con el aval del Fondo Monetario Internacional, con la condición que los 2.000 millones de pesos que se recaudarían por el nuevo impuesto se destinen a mejorar la situación fiscal.
El tema sería analizado en la próxima reunión que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, mantendrá el martes de la semana que viene con el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Kohler.
A propósito del Fondo, la entidad postergó por un año el pago de 130 millones de dólares correspondiente a un vencimiento de deuda argentino previsto para el próximo miércoles y saludó la modificación de la Ley de Quiebras aprobada ayer, hecho que calificó como "un paso hacia adelante".
En el Ministerio de Economía recibieron con euforia el aplazamiento del pago por parte del Fondo, que en la conferencia de Dawson apareció como una especie de moneda de cambio por haber cumplido con la sugerencia de modificar la Ley de Quiebras para instaurar la figura del "cram-down", que reglamenta el pago de deudas con acciones de empresas en concurso. "Esta es una señal positiva que se inscribe en la misma dirección que el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo firmado el lunes pasado", comunicó la oficina de prensa del Palacio de Hacienda.
La noticia fue comunicada a primera hora de la mañana para aportar "un dato alentador" a las negociaciones con el FMI que el Gobierno lleva adelante, y que intenta reactivar mediante la modificación de la Ley de Quiebras (ya aprobada por el Congreso) y la derogación de la de Subversión Económica (que tiene media sanción del Senado). Las dos iniciativas legislativas, junto con la firma de acuerdos fiscales bilaterales entre la Nación y las provincias más grandes, figuran entre las urgentes medidas que pide el Fondo para retomar el diálogo en función de una eventual asistencia financiera.
Respecto a la ley de Subversión Económica, el jefe del bloque de senadores radicales, Carlos Maestro, advirtió que será "muy difícil" que se alcance un acuerdo con el justicialismo para modificar la Ley de Subversión Económica, actualmente en análisis en la Cámara baja. "Es muy difícil que lleguemos a un acuerdo", enfatizó Maestro en declaraciones a Canal 7, al tiempo que vaticinó que "le va a costar mucho al PJ en la Cámara de Diputados" aprobar el proyecto impulsado por el propio oficialismo.
Incluso, el senador chubutense advirtió que si Diputados aprueba la ley, los radicales contarán luego en el Senado con "tres o cuatro votos más" que en la última sesión para tratar esa norma.
En aquella ocasión, ante la intransigencia de los radicales y de justicialistas "disidentes" a avanzar en la modificación de la norma, el PJ debió apoyar un proyecto de derogación de la ley que había sido impulsado por dos senadores de partidos provinciales.
Por su parte, el senador nacional por el PJ Oscar Lamberto sostuvo que la Argentina vive "una crisis peor que la de 1930 y la de 1890", debido a "la caída del producto, la falta de crédito y el desempleo", y afirmó que "no hay posibilidad alguna de una salida de esta situación" sin un acuerdo con el FMI.
"El camino más rápido para salir es una Argentina vinculada al resto del planeta", lo cual permitirá "el acceso al crédito tanto internacional como local, y recrear las condiciones de acumulación, que es básico para cualquier sistema", puntualizó Lamberto.
El legislador santafesino y ex secretario de Hacienda del gobierno de Eduardo Duhalde indicó que en la actual situación el país "tiene dificultades para las actividades más elementales" como consecuencia de su aislamiento internacional.
