El fiscal del crimen, Pablo Lanusse, promovió una denuncia para que se investigue si el senador nacional Raúl Alfonsín está vinculado a un caso de "tráfico de influencias".
La acción penal fue promovida por Lanusse a raíz de la fotografía publicada por el matutino La Nación, en la que el ex presidente de la Nación aparece con una nota en sus manos en la que alguien le estaría indicando la actitud a seguir con un candidato a camarista federal. La misiva decía: "Juez que hay que cajonear es Antelo".
Se trata del secretario letrado de la Corte Suprema Guillermo Alberto Antelo, cuyo pliego para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal fue remitido al Senado de la Nación para que la comisión de acuerdos prestara acuerdo para su designación.
Según el artículo 99 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo nombra a los jueces de los tribunales federales en base a una propuesta vinculante de una terna que le remite el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad del postulante.
El senador Raúl Alfonsín desmintió "en forma terminante" haber realizado gestiones para impedir que Guillermo Antelo sea designado juez en la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital Federal.
Alfonsín envió además una carta al presidente de la Comisión de Acuerdos, el senador Jorge Busti, donde le solicitó al legislador justicialista el "pronto tratamiento" del pliego del abogado en cuestión para dejar en claro su posición "favorable" a esa designación.
De esta forma, el senador nacional del radicalismo hizo referencia a una foto publicada por un matutino porteño que muestra a Alfonsín leyendo un papel con el nombre de Antelo, secretario letrado de la Corte Suprema, uno de los tres aspirantes a ocupar un cargo en la Cámara Nacional de Apelaciones.
En su presentación, Lanusse pidió a la justicia en lo criminal federal que determine quién envió la nota a Alfonsín y reclamó que se defina si el senador nacional incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes a su cargo.
"Cajonear -interpretó el fiscal- significa omitir el tratamiento del pliego" y con ello incumplir "las funciones propias" para el cargo de senador. Además, Lanusse consideró que "nadie puede discutir hoy la falta de legitimidad que tienen muchos de los que integran las instituciones de la República y actitudes como las que aquí se ventilan nada ayudan a elevar los grados de excelencia y eficacia de las mismas".
El fiscal sostuvo además que "la falta de seguridad jurídica" y la sensación de impunidad "no se mejora con este tipo de acciones que transmiten un manto de sospecha seria y grave sobre el funcionamiento de las instituciones y la verdadera búsqueda del bien común".