La Cámara de Diputados intentará sesionar esta semana para tratar un dictamen que modifica la ley de Subversión Económica, luego de que el miércoles pasado no pudiera hacerlo, tras la negativa del bloque radical a dar quórum.
Los cambios a esta norma legal constituyen una medida clave para el Gobierno, en pos de alcanzar un acuerdo que permita destrabar un préstamo del FMI. Precisamente, el Fondo Monetario Internacional puso como condición para ofrecer asistencia financiera, la modificación de dos leyes: la de Quiebras (ya corregida) y la de Subversión Económica.
Para tratar los cambios a esta última ley, que obtuvo dictamen con el voto del PJ, son necesarios los dos tercios de Diputados, porción que no se pudo alcanzar la semana pasada pues el bloque de la UCR dispuso no dar quórum.
Los plazos reglamentarios de la Cámara baja indican que el miércoles próximo este dictamen tendría que ser tratado en el recinto, ya con la presencia de los diputados radicales.
La ley de subversión económica tuvo un trámite accidentado cuando en forma sorpresiva el Senado derogó esa norma fuera de los acuerdos alcanzados entre el PJ y el gobierno, lo que tensó la coalición parlamentaria que existe con el radicalismo que permitió la sanción de un conjunto de iniciativas claves para el Gobierno nacional.
Ahora desde el justicialismo se busca reparar con la aprobación de un dictamen -que luego sería avalado por el Senado- que retoma los consensos alcanzados hace veinte días y que modifica parcialmente esa legislación que data de 1974.
El bloque de diputados del justicialismo -que conduce Humberto Roggero- tendrá la responsabilidad de asegurar el quórum para el tratamiento de esta ley así como los votos para que se pueda aprobar, porque los radicales no quieren colaborar con el oficialismo ni para garantizar el número que permita su tratamiento en el recinto de sesiones. La negativa de la UCR hizo fracasar su debate el miércoles pasado porque no quiso otorgar los dos tercios para su análisis sobre tablas, y por eso el justicialismo quiere tratar el dictamen el jueves cuando se habrían cumplido los siete días hábiles desde la emisión del despacho de las comisiones de Legislación Penal y Justicia.
Por ese motivo, el justicialismo deberá cerrar filas internas para asegurar la presencia masiva de sus diputados y convencer a aquellos que aún se resisten a votar este proyecto, entre los que figuran los menemistas que quieren votar la derogación de la ley de subversión económica en sintonía con la media sanción del Senado, y aquellos que no quieren incorporar ningún cambio al proyecto, como los puntanos, santacruceños, algunos tucumanos y bonaerenses.
Una fuente de la conducción del bloque del PJ aseguró que "no habrá problemas para garantizar la votación porque tiene 100 votos a favor del dictamen" y recordó que "hay un decena de diputados que habitualmente militan en el rechazo a todos los proyectos" que ha impulsado el gobierno.
Además el justicialismo es optimista en tener la colaboración del interbloque Federal, que lidera Alberto Natale, y del cavallismo para que acompañen la sanción de este proyecto, aunque hay varios de sus integrantes partidarios de la derogación como los salteños renovadores.
Además el justicialismo contará con el respaldo del Frepaso que acompañará en general la sanción del dictamen, que fue firmado con disidencias parciales por Nilda Garré, quien recordó que en 1974 casi es expulsada del bloque peronista cuando se opuso a la ley de subversión económica. En cambio, los peronistas no tendrán la ayuda de los radicales que mantienen la postura de sólo concurrir al recinto cuando el proyecto se encuentre habilitado para su tratamiento, según señaló la radical Margarita Stolbizer, quien puso en duda que este plazo se cumpla el jueves como lo asegura el oficialismo.
Sin embargo, la postura en el seno del radicalismo donde hay una fuerte controversia sobre el respaldo al gobierno de Eduardo Duhalde no es homogénea ya que algunos dicen que se debe concurrir al recinto y votar en contra, y otros mantienen la posición de los halcones, es decir usar todas la herramientas legislativas para impedir su sanción.
La posición que asuman los radicales dependerá de las conversaciones que se efectuarán los próximos días para buscar superar las diferencias que existen sobre el dictamen que están centradas en dos puntos: la derogación de dos artículos de la ley 20.840 referidos al delito culposo y la obligación de los síndicos que denunciar los delitos económicos.
Hasta ahora las dos principales exponentes del oficialismo y la oposición mantienen su postura sobre el dictamen producido por las comisiones de Legislación Penal y Justicia.
En ese sentido, la presidenta de la comisión de Justicia, María del Carmen Falbo, aseguró que con esta modificación que propone el PJ "no estamos promoviendo la impunidad, sino que estamos mejorando algunos aspectos de la ley para que sea más efectiva".
En tanto, para Stolbizer "se están sustituyendo figuras penales" y se "están derogando los artículos claves como delito culposo para el caso de vaciamiento y la obligación de denuncia de los síndicos".
El proyecto impulsado por el justicialismo establece:
- Será reprimido con prisión de tres a nueve años y multa de setenta y cinco mil a cinco millones, sino resultara un delito más severamente penado, al que a sabiendas o maliciosamente, pusiera en riesgo el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, o destinado a servicios.
- También se aplica esa pena a quien destruyera a sabiendas o maliciosamente dañare, o hiciera desaparecer materias primas, máquinas, o comprometiera el patrimonio, o si condujese al cierre, liquidación o quiebra del establecimiento.
- La misma pena se impondrá a los directores, administradores, síndicos, gerentes, o liquidadores de una persona jurídica o colectiva que hubiera intervenido en el mismo hecho punible.
- Se derogan los artículos 7,8 y 9 de la ley 20.840
- Será reprimido con prisión de seis meses a 2 años el que hiciera alzar el precio de mercaderías, fondos públicos, o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición, entre los tenedores de una mercadería o genero, con el fin de venderla a un precio determinado.
- Si el alza de precios se relaciona con alimentos, medicamentos, o combustibles la pena será de 2 a 6 años.