El debate se generó luego de la denuncia por la supuesta inscripción irregular de miles de beneficiarios y la entrega a los legisladores nacionales de formularios de inscripción a los planes de jefes y jefas de hogar desocupados, muchos de los cuales fueron devueltos al Ministerio de Trabajo por senadores y diputados.

El diputado justicialista José María Díaz Bancalari consideró que el plan social es "el más transparente" y "el mejor controlado" que se haya puesto en marcha en el país. Díaz Bancalari destacó que en el nuevo plan "el titular de derecho es la persona" y afirmó que "si no reúne todos los requisitos, no hay forma de que pueda ingresar" al programa.

"Este plan es el que le da ciudadanía económica a consumidores que no tenían la posibilidad de acceder", enfatizó Díaz Bancalari, quien integra la denominada "mesa de diálogo", desde donde se impulsó el plan social.

Por su lado, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, aseguró que el plan social para jefas y jefes de hogar desocupados "no admite trampas ni el clientelismo político", al tiempo que calificó a ese programa de "exitoso y transparente".

Frente a las críticas que surgieron desde diversos sectores, Atanasof advirtió que en torno a la distribución de los planes sociales se registra "un debate político", y resaltó que el programa llega a más de un millón de beneficiarios.

El senador justicialista Antonio Cafiero destacó que "todo este sistema se ha quitado de la órbita de los políticos y por primera vez en la historia un Gobierno pone en marcha un programa de 2 o 3 mil millones de pesos en el que no interviene para nada, y delega el control en las asociaciones civiles". Pese admitir que "todo no ha funcionado como se preveía", Cafiero dijo que "la gran masa de subsidios que se han distribuido se han hecho correctamente", pero negó que esos inconvenientes puedan eclipsar "la trascendencia histórica" del programa.

Al ser consultado por los planes que recibieron los legisladores nacionales para su distribución, Cafiero afirmó que "cada uno de los que recibió este subsidio se ha registrado, de manera que no quedó librado a los intermediarios. Estos subsidios cumplieron la misma formalidad que aquellos que se han inscripto sin necesidad de recibir los papeles por parte de alguna organización intermedia".

Por su parte, la diputada del ARI Marcela Bordenave consideró que con los planes tratan "de seguir con el clientelismo y los punteros políticos, pese a lo que se dijo sobre la transparencia y los intermediarios". Asimismo, subrayó que "el bloque oficialista se quejó respecto a por qué solamente el ministerio de Trabajo era el encargado de manejar los programas" y aseguró que "otros legisladores también pidieron manejar planes sociales".

"Eso fue lo que obligó al ministerio a enviar a cada diputado entre 50 y 80 sobres (con formularios)", dijo la legisladora al considerar que esos planes "podrían haber sido asignados de manera directa porque no es lo mismo que un diputado presente los planes en el ministerio (de Trabajo) que los presente Juan Pérez".

La diputada por el PJ salteño Leila Chaya también se mostró critica al señalar que "detrás de la necesidad de la gente hay una especulación monstruosa".

"Esta es una dialéctica que en Salta la sufrimos en el gobierno de (Fernando) De la Rúa con gente del Frepaso que daba planes Trabajar de esta manera, por encima de la institucionalidad, sin la intervención de las provincias para hacernos los piquetes y ganarnos las elecciones".