El Senado convirtió en ley la regulación de los gastos de las campañas electorales y los límites de financiación de los partidos políticos, uno de los proyectos que integra la demorada y discutida reforma política que lanzó Fernando de la Rúa cuando era presidente de la Nación.
La iniciativa fue aprobada según el texto sancionado por Diputados, salvo por el rechazo a la prohibición a los partidos políticos de contratar espacios de publicidad en medios audiovisuales. Esa restricción fue largamente discutida y hasta llegó a empantanar durante más de una hora el debate parlamentario, ya que tampoco conseguía las mayorías requeridas por la Constitución para aprobar una ley electoral, que es de 37 votos.
La disputa se planteó entre quienes sostienen que impedir la contratación de espacios publicitarios en medios audiovisuales viola la Constitución Nacional, y aquellos que defendían la prohibición establecida por la Cámara baja.
El primero en señalar su oposición fue el peronista Guillermo Jenefes (Jujuy), para quien con esta medida "no sólo se afecta la igualdad, discriminando a los medios audiovisuales en relación con los medios gráficos, sino que se vulneran derechos esenciales como es el derecho de los partidos, reconocido en artículo 38 de la Constitución Nacional, de expresar libremente sus ideas".
Para Jenefes, también se está violando el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe cualquier tipo de restricción para que un ciudadano o partido político exprese sus ideas", tras lo cual destacó que se trata de una norma "absolutamente inconstitucional".
En la postura contraria se ubicó la frepasista Vilma Ibarra (Capital Federal), quien consideró que la limitación "de ningún modo es inconstitucional" y, por el contrario aseguró que se trata de una ampliación de la capacidad de regulación del Estado "no sólo para enaltecer actividad política, sino para cuidarla y que no se convierta en un show". En la misma línea se manifestó la peronista Cristina Kirchner (Santa Cruz), quien remarcó que no se trata de cercenar derechos, sino que está emparentado con "lo que se puede o no financiar con aportes privados".
Sin embargo, el riojano Eduardo Menem (La Rioja) cuestionó la prohibición por considerar "irrazonable" la idea de que los espacios en medios audiovisuales sean más caros que los de los medios gráficos, y destacó que "hay cdiarios no llegan y sí tienen su canal de cable".
Por su parte, la Fundación Poder Ciudadano consideró que la sanción del régimen de financiamiento de los partidos políticos que aprobó el Senado "suma más descontrol", y consideró que la Auditoría General "carece de capacidad operativa" para controlar el gasto.
La Cámara de Senadores sancionó ayer el régimen que reduce drásticamente los aportes o donaciones privados permitidos a los partidos políticos y faculta al Ministerio del Interior a determinar el total de los recursos que distribuirá el Estado en una campaña electoral, pero no tuvo en cuenta todas las modificaciones que había hecho Diputados.
"El hecho de haber aprobado la ley de control del gasto de campañas sin el artículo 31 que prohibía la contratación de espacios de publicidad a los partidos políticos demuestra que el Senado de la Nación es incoherente o sufre de amnesia", indicó Carlos March, director ejecutivo de Poder Ciudadano.
El artículo 31 del texto original de los senadores establecía que el Estado otorgaría equitativamente a los partidos o alianzas que oficialicen candidaturas, espacios en los medios de radiodifusión para la transmisión de sus mensajes de campañas.
El cuerpo convalidó la mayor parte del texto como había sido girado por los diputados, pero aceptó algunos cambios porque no conseguía la mayoría especial exigida constitucionalmente para cualquier ley electoral.
