El justicialismo perdió la votación en la que intentó imponer sus modificaciones a la ley pedida por el FMI, por lo que terminó siendo aprobada el proyecto propuesto por los radicales.
Ahora resta ver qué ocurre en el Senado, donde hace dos semanas se había derogado la ley. Precisamente allí deberá ser ahora girado el dictamen en segunda revisión al Senado, donde se esperaba que, en caso de imponerse las modificaciones sugeridas por el justicialismo, se convalidarían los cambios introducidos por Diputados de modificar la ley de subversión económica y desechar así la derogación de esa norma, según el acuerdo alcanzado entre justicialistas parlamentarios. Empero, ahora se verá.
La Cámara de Diputados aprobó por 108 contra 84 votos un dictamen de minoría que modifica la ley, luego de que el justicialismo no pudo alcanzar la mayoría necesaria para imponer un despacho propio, en un debate que se extendió durante mas de 7 horas. Ahora la suerte de la norma se definirá en el Senado, que la trataría en segunda instancia el próximo martes.
El dictamen rechazado fue el elaborado por el justicialismo, cavallistas, y frepasistas, mientras que el dictamen de minoría fue acompañado por el radicalismo, el ARI, provinciales, Frente para el Cambio, Autodeterminación y Libertad, Polo Social e Izquierda Unida. La derogación de esta ley es una de las exigencias del FMI para otorgar ayuda económica a Argentina, y a la postre podría concretarse ahora en el Senado.
Lo cierto que el final de la ley en la Cámara baja se produjo de manera sorpresiva, cuando por la madrugada se terminó votando por simple mayoría el dictamen radical de modificaciones a la Ley de Subversión Económica. Los mismos aumentan las penas y evitan el carácter de norma más benigna.
Ahora se aguarda que en la Cámara de origen, el Senado, el justicalismo pueda insistir con simple mayoría en su sanción original, que fue derogar la ley, en atención al reclamo del FMI.
Luego de varias horas de discusión, en las que la bancada del PJ sostuvo la defensa de su dictamen de mayoría, también modificatorio de la ley, se arribó a una votación electrónica con 99 votos a favor y 102 en contra, con 4 abstenciones, que fueron aceptadas previamente y que hubieran variado el resultado. Tras esta derrota, los justicialistas acompañaron con su voto el dictamen radical.
No lo hicieron todos, para evitar que el dictamen radical tuviera los dos tercios, lo que hubiera obligado a lo propio en el Senado. Esa decisión dispuesta sobre la marcha por el titular del bloque justicialista, Humberto Roggero, impidió los dos tercios consagratorios.
La nueva votación arrojó 108 a favor, 84 en contra y 14 abstenciones. Simple mayoría. Si el radicalismo hubiera retirado su dictamen, la ley no hubiera podido tratarse por un año, al haber sido derrotado el dictamen de la mayoría.
El desenlace fue seguido de cerca por la plana mayor del Gobierno, tal como reflejaba la presencia en la Cámara del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y del ministro del Interior, Jorge Matzkin.
La senadora del PJ, Mabel Muller estimó que a más tardar el martes serán convertidas en ley en el Senado las modificaciones que los diputados oficialistas aspiran a aprobar esta tarde, aunque señaló que esos tiempos podrían adelantarse según lo que demande el debate el Diputados. En este sentido, la legisladora por la provincia de Buenos Aires indicó que "si el trámite es rápido" en la Cámara baja -que según estimaciones comenzaría a sesionar a las 14.30- "tal vez" el Senado esté en condiciones de tratar en el recinto la iniciativa hoy mismo.
En declaraciones a la prensa realizadas en el Salón de Pasos Perdidos, Muller consignó que los senadores del PJ fueron convocados por la conducción del bloque a permanecer en Buenos Aires "para ver lo que pasa con esta ley", en alusión al tratamiento de Subversión Económica en la Cámara baja.
Por su parte, el senador nacional por La Rioja Jorge Yoma adelantó que "no va a votar, como quiere el gobierno, la derogación de la ley, así renuncie el presidente".
"Yo voto las leyes cuando estoy de acuerdo con ellas. Cuando no estoy de acuerdo con la ley no la voto aunque renuncie (Menem, (Fernando) De la Rúa, Duhalde o Mongo Aurelio", dijo Yoma. Agregó que "en ese sentido no admito ningún tipo de presión" y consideró que "las presiones del Fondo son inauditas, inadmisibles y bochornosas para el país".
Con 129 legisladores sentados en sus bancas, la sesión comenzó pasadas las 16.15, cuando la justicialista María del Carmen Falbo defendió el dictamen de mayoría de la comisión de Justicia.
En su discurso, Falbo rechazó los argumentos de la oposición en cuanto a que la modificación de esa ley implicaría "una violación a la soberanía nacional" por las presiones ejercidas por el FMI y varios gobiernos europeos. En esa línea, destacó la "importancia de superar la crisis terminal" que atraviesa el país y "cumplir los compromisos firmados entre el presidente y los gobernadores legitimados por el voto popular", que contemplaban la derogación de la ley.
Los diputados de la UCR rechazaron los argumentos oficialistas de que la ley vigente "es excesivamente abierta" o que "la derogación o modificación sustancial no provoque un vacío legal". Por el contrario, "arrastra a la clausura de las causas judiciales en trámite" por las que se encuentra detenido el banquero Carlos Rohm, alegaron los radicales.
La nueva ley "va a dar impunidad a quienes vaciaron el país", agregó en la misma línea Mario Cafiero (ARI), para quien las exigencias del FMI y los gobiernos europeos implican una "feroz extorsión política" para la Argentina.
La fuerza que lidera la diputada Elisa Carrió había adelantado su negativa a apoyar el proyecto del PJ y accedió a bajar al recinto luego de que los dos partidos mayoritarios reunieron el quórum necesario para dar inicio a las deliberaciones.
Desde la UCR, en tanto, se había manifestado la voluntad de negarse a dar sus votos a esa iniciativa y apoyar el dictamen del grupo integrado por Breard y Stolbizer.En ese contexto, las autoridades legislativas de ese partido -el diputado Horacio Pernasseti y el senador Carlos Maestro- además de los gobernadores Angel Rozas (Chaco) y Pablo Verani (Río Negro) se reunieron con Duhalde cuando la sesión se aprestaba a comenzar.
En esa reunión, los radicales notaron al jefe de Estado "muy preocupado, casi quebrado" -según señalaron- ante lo que consideraba como "una falta de apoyo político" a su Gobierno, así como a la incertidumbre en cuanto a las futuras negociaciones con el Fondo.Por ello, la cúpula de la UCR le confirmó a Duhalde su "respaldo institucional aunque con independencia", mientras que los legisladores de ese partido mantuvieron su postura original.
"Quedamos tranquilos pero preocupados", expresó Pernasetti tras ese encuentro con el jefe de Estado que tuvo lugar en horas de la tarde en la Casa Rosada.
Por su parte, desde el sector del Frepaso que permanece cercano al Gobierno se había adelantado su acuerdo al tratamiento de la iniciativa oficial: "la prioridad es garantizar un proceso de transición pacífica en la Argentina y estabilizar la economía", dijo el diputado Darío Alessandro.
En tanto, los partidos provinciales como las fuerzas de izquierda habían adelantado también su postura opositora a la iniciativa.
Durante el debate, el radical Noel Breard aseveró que "la TV nos hace creer que el banquero era una pequeña intermediación y que la puerta 12 pasó por la desconfianza", pero lo que "ocurrió fue un vaciamiento programado el año en que Domingo Cavallo era ministro de Economía y el CEMA, el club de los dolarizadores, controlaba el Banco Central".
Por su parte, la diputada del ARI Marcela Rodríguez señaló que "esto es de nuevo impunidad y no hay manera de leerlo de otra forma" y "es uno de los actos más inmorales de este Congreso de la Nación quizás solo superado por la ley de obediencia debida".
A su vez, su colega Mario Cafiero dijo que "estamos en una feroz extorsión política de este poder vergonzante" y dijo que después de esta noche "no sólo se van a llevar el patrimonio de millones de argentinos, sino la honra del Congreso".
También expuso en contra del proyecto el Interbloque Federal, que aglutina a los partidos provinciales, y en ese sentido la demoprogresista María Emilia Biglieri reclamó su derogación lisa y llana porque "adolece de severos cuestionamientos jurídicos por la laxitud de sus definiciones, contraria a la precisión que deben tener los tipos penales".
"Hoy se debate esta cuestión en medio de reclamaos y opiniones, muchas veces contradictorias entre sí, proveniente del ámbito interno y también del exterior, y no es válido legislar porque así lo reclame el FMI, ante quien debemos exponer un programa económico coherente y no reformas legislativas parciales", agregó
En tanto, Alicia Castro dijo que "hay subversión de valores, subversión de prioridades de un Congreso que trata y sanciona las leyes que pide el Fondo Monetario Internacional claramente contraria a los intereses de los ciudadanos argentinos".
Por su parte, Luis Zamora denunció que el Congreso decidió "subordinarse en forma inmoral al aceptar los mandatos del Fondo Monetario Internacional", aunque criticó con dureza esta ley que fue "votada en la época de José López Rega, donde no pueden decir que eran épocas democráticas, y fue hecha para perseguir militantes políticos".
El proyecto impulsado por el justicialismo establece:
– Se especifica la figura del dolo (intención de dañar) a la malicia (premeditado del delito) y elimina el supuesto de fines de lucro, porque se entiende que el que robó es en beneficio propio perjudicando a la empresa.
– Será reprimido con prisión de tres a nueve años y multa de setenta y cinco mil a cinco millones, sino resultara un delito más severamente penado, al que a sabiendas o maliciosamente, pusiera en riesgo el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, o destinado a servicios.
– También se aplica esa pena a quien destruyera a sabiendas o maliciosamente dañare, o hiciera desaparecer materias primas, máquinas, o comprometiera el patrimonio, o si condujese al cierre, liquidación o quiebra del establecimiento.
– La misma pena se impondrá a los directores, administradores, síndicos, gerentes, o liquidadores de una persona jurídica o colectiva que hubiera intervenido en el mismo hecho punible.
– Será reprimido con prisión de seis meses a 2 años el que hiciera alzar el precio de mercaderías, fondos públicos, o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición, entre los tenedores de una mercadería o género, con el fin de venderla a un precio determinado.
– Si el alza de precios se relaciona con alimentos, medicamentos, o combustibles la pena será de 2 a 6 años.
– Se derogan el artículo 7 porque se interpreta que su aplicación conllevaba a sancionar conductas que, aún estando dentro de la legalidad, provocaron perjuicios a la empresa, vaciándola o quebrándola.
– Se deroga el artículo 8 porque está contenido en el artículo 6 y el 9 porque está incluido en el delito de encubrimiento contemplado en el Código Penal.
