El bloque de senadores justicialistas, con el aval de los gobernadores peronistas y del presidente Eduardo Duhalde, intentará hoy derogar la ley de Subversión Económica, una de las condiciones reclamadas por el Fondo Monetario Internacional para reanudar la ayuda financiera.
Para esto, el PJ tendrá que rechazar el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada -un texto elaborado por el radicalismo que modifica la ley 20.840-, e insistir con la sanción original que la Cámara alta aprobó en la madrugada del 9 de mayo último. Esta estrategia fue avalada ayer por la tarde en la reunión que Duhalde mantuvo en la provincia de La Pampa con los gobernadores justicialistas, tal como quedó plasmado en el documento final de la cumbre que firmaron 12 de los 14 mandatarios que asistieron al encuentro. Duhalde planteó en Santa Rosa: "Ya no se puede esperar más y por eso hemos decidido que todas las medidas planteadas hace un mes, en esta semana estén concluidas", en referencia a los 14 puntos firmados por los gobernadores en Olivos y que, en su esencia, implicaban cumplir con las exigencias del FMI.
Sin embargo subsisten las complicaciones. Es que la negativa de la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner y del riojano Jorge Yoma a apoyar la modificación de la Ley de Subversión Económica sancionada el jueves en la Cámara de Diputados, trabó el dictamen necesario para que la norma sea debatida hoy en el recinto, sin necesidad del visto bueno radical.
En la Cámara baja, el proyecto sufrió otro vuelco en el recinto, cuando el oficialismo perdió la votación en favor de la derogación sancionada por el Senado y sumó su voto al proyecto radical de modificación. De regreso en la Cámara alta, el justicialismo aspiraba a sancionar al menos la modificación, tal como la votaron los diputados. No obstante, para habilitar el tratamiento, se necesita el dictamen reglamentario firmado por los seis legisladores justicialistas que integran la Comisión de Legislación Penal.
Yoma suscribió inicialmente el dictamen "en disidencia total", pero al enterarse que su asignatura dejaba al justicialismo a solo un voto de llevar la cuestión al recinto, envió un nota al presidente de la Comisión de Legislación Penal, el radical Jorge Agúndez, solicitando que se excluya su firma. La negativa de Cristina Kirchner y de Yoma dejó al justicialismo en minoría en la comisión que debe emitir un despacho favorable para que el proyecto pueda ser tratado inmediatamente.
Sin el dictamen correspondiente, el justicialismo necesita el auxilio del bloque radical para habilitar el tratamiento "sobre tablas", con el voto de los dos tercios de los senadores presentes en el recinto.
Pero no sólo el rechazo de los dos senadores díscolos a firmar el despacho complica la sanción de la norma, sino también la dificultad del justicialismo para reunir quórum propio. Un punteo realizado por operadores justicialista indicó que al PJ le faltaba cubrir al menos dos bancas si pretendiera reunir los 37 senadores requeridos para iniciar una sesión.
La bancada radical se reunió ayer bajo la presidencia del chubutense Carlos Maestro, para comenzar a discutir la posición que adoptarán frente al discutido y accidentado proyecto.
Si el justicialismo no logra emitir un dictamen favorable, la llave de la sanción de la ley quedará en manos de la UCR, ya que la sesión sólo podrá realizarse si el bloque radical aporta su número para conformar los dos tercios necesarios. Tras horas de análisis de la situación -en las que se incluyeron las críticas implícitas realizadas por Duhalde en La Pampa a los bloques de la UCR- los senadores radicales decidieron continuar hoy.
La idea de Gioja es derogar la ley en una sesión especial, que comenzaría entre las 17 y las 19. Para lograr ese objetivo, el justicialismo tendrá que reunir la mayor cantidad de votos favorables y eliminar resistencias de un grupo de ocho senadores propios que, en la sesión anterior, votaron en contra de la pretensión del oficialismo. Por lo pronto, el PJ tendría 34 votos asegurados si es que consigue asistencia perfecta: 32 legisladores propios más los provinciales Pablo Walter (Fuerza Republicana) y Ricardo Gómez Diez (Renovador de Salta).
En contra votarían 23 radicales (siempre y cuando no falte alguno), la frepasista Vilma Ibarra y la neuquina Luz Sapag.
La incógnita es saber si los ocho peronistas díscolos mantendrán su voto -aunque algunos podrían estar ausentes- y en la postura que adoptarán tres provinciales: el neuquino Pedro Salvatori (con licencia por enfermedad), el correntino Lázaro Chiappe (Liberal que votó en contra en la sesión anterior) y la sanjuanina Nancy Avelín (Cruzada Renovadora).
