Así lo dijo el titular de la bancada de la UCR, Carlos Maestro, quien supeditó el tratamiento de la controvertida ley a que "se reúna la Comisión de Asuntos Penales para que todos sus integrantes fijen posición por escrito y se firme dictamen".

"Con estas condiciones, el jueves podríamos estar empezando a considerar la cuestión de fondo y dar el debate en el recinto", agregó el jefe del bloque radical.

Maestro formuló estos conceptos al término de una extensa reunión de su bancada, en la que sólo se ratificó "la firme decisión de oponernos a la derogación de la Ley Subversión Económica".

El justicialismo necesita del radicalismo para llevar el tema al recinto con los dos tercios si no hay dictamen de la comisión, e incluso para conformar quórum, en virtud de que ocho legisladores de la bancada oficialista se niegan a facilitar la sanción de la modificación o derogación de la norma que pide el Fondo Monetario Internacional.

"Ratificamos nuestra oposición a la derogación de la ley de Subversión Económica", puntualizó Maestro, y agregó que "esto significa que en esta cuestión no estamos de acuerdo con el Ejecutivo". Ante la pregunta de si el rechazo a la ley no generaba la "desestabilización" del Gobierno, Maestro dijo que "por el contrario, le estamos haciendo un favor".

Maestro adelantó que tras el tratamiento en comisión, el tema podría ser debatido en el recinto el jueves.

El senador justicialista Eduardo Menem consideró "es inadmisible" la postura de sus colegas radicales de no prestar colaboración para que sea derogada la ley de Subversión Económica, y les reclamó que "por lo menos den los dos tercios de votos para que el Senado pueda tratar el tema" sobre tablas. El legislador riojano afirmó que "es mentira que la derogación traiga impunidad", ya que el Código Penal "contempla perfectamente todas las conductas que puedan ser motivo de reproche penal". Dijo que la de Subversión Económica "es una ley totalmente innecesaria, hija de la doctrina de la Seguridad Nacional y fue repudiada por todos los que hoy la están defendiendo".

Eduardo Menem sostuvo que "hay figuras como el vaciamiento, la administración fraudulenta, la retención indebida y las estafas y otras defraudaciones, que contemplan perfectamente todas las conductas punibles". Además, destacó que "el procurador fiscal ya dio orden a los fiscales de que recalifiquen todas las causas en que haya imputaciones de subversión económica".

"Esto de la impunidad es un pretexto que usan algunos porque están en una postura política de no apoyar la derogación de esta ley que exige el FMI para llegar a un acuerdo con la Argentina", enfatizó.

La negativa de la UCR a habilitar el tratamiento de la Ley de Subversión Económica sin un dictamen de comisión previo dejó al justicialismo sin posibilidades de concretar su intención de sesionar ayer por la tarde. No obstante, a las 18 comenzó a sonar la chicharra convocando al recinto en lo que, según se informó en fuentes justicialistas, sería un intento de dejar en claro que es la UCR la que se niega a debatir. El llamado a sesión fue una clara muestra del desconcierto imperante en el PJ, ya que fueron varios los senadores que desconocían la intención del presidente de bloque, el sanjuanino José Luis Gioja, de cumplir con la convocatoria a la sesión pedida el lunes a pesar de estar al tanto de la postura radical.

Si bien no hubo expresión en minoría, el vicepresidente del cuerpo, Marcelo López Arias (PJ-Salta), bajó al recinto para informar que "existe un compromiso de que en las próximas horas se va a reunir la Comisión de Legislación Penal y allí se facilitaría el tratamiento de este tema el jueves en la mañana". Además, adelantó que el justicialismo pretenderá aprobar ese día una norma complementaria para establecer un plazo para que fiscales y jueces deban recalificar las causas en las que se encuentre involucrada la ley 20.840.

En la misma sintonía se manifestó Gioja, quien dijo que "si el bloque radical cumple con su promesa de tratar el jueves el tema, vamos a poder discutirlo libremente y votar en función de lo que a cada legislador le dicte su conciencia".

Paralelamente, el bloque de senadores del PJ analiza el texto de un proyecto complementario al de derogación de la ley de Subversión Económica que establece un plazo de 20 días para la "recalificación de las imputaciones" de personas procesadas por el delito de subversión económica.

Fuentes parlamentarias consignaron que, en la reunión de la bancada que se desarrollaba este mediodía, los senadores del PJ evaluaban el borrador de una iniciativa delineada por el salteño Marcelo López Arias para obligar explícitamente a la Justicia a una recaratulización de las causas.

De este modo, el justicialismo buscaría eludir las críticas -sobre todo provenientes todo del radicalismo- sobre el posible desprocesamiento de banqueros procesados o detenidos por la aplicación de la ley 20.840 de Subversión Económica como producto de la eventual derogación de la norma por parte del Senado.

Según lo indicado por los informantes, el proyecto de López Arias habría encontrado buena recepción en el bloque, donde los legisladores se aprestaban a incorporar sus firmas con el fin de que pueda ser considerado en sesión junto a los proyectos de derogación o modificación de la ley de Subversión Económica.