La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que prohíbe cortar por falta de pago el suministro de servicios públicos en los establecimientos estatales asistenciales, de educación, y fuerzas armadas y de seguridad. Además, votó y giró en revisión al Senado un proyecto de ley que establece pautas para la refinanciación de las tarifas de servicios públicos, con el fin de evitar los incrementos excesivos de intereses en los planes de pago.
Sin debate y a libro cerrado, los diputados aprobaron estas iniciativas ante la difícil situación que tienen las instituciones para cumplir sus compromisos con las empresas de servicios públicos y los ciudadanos para acceder a planes de refinanciación de sus deudas.
El proyecto convertido en ley por los diputados para evitar los cortes en los servicios públicos había sido sancionado hace un año por el Senado, y hoy es clave a la luz de la crisis económica que padecen varias instituciones públicas, que brindan servicios esenciales para la sociedad. El dictamen establece que en el ámbito de la Nación no se podrán suspender los servicios públicos de provisión de agua potable y desague cloacal y de suministro de energía eléctrica, gas y de telefonía.
Los servicios tampoco se podrán suspender por falta de pago, en los hospitales, escuelas, fuerzas armadas y de seguridad. El Poder Ejecutivo establecerá un sistema de débitos y créditos automáticos que permita compensar las respectivas acreencias de los prestadores de los servicios públicos.
Por otro lado, la Cámara aprobó y giró al Senado un proyecto que declara en emergencia la situación económico-financiera de los usuarios de servicios públicos por 180 días, donde se establecen pautas para la refinanciación de las deudas que tienen los ciudadanos y las pymes con estas empresas.
El dictamen fija que el monto de las deudas de los servicios de agua, luz, gas y telefonía que se deben renegociar deberá considerarse en un su valor original, sin establecer recargos, actualizaciones ni intereses de ninguna naturaleza.
