La diputada Elisa Carrió participó de la presentación de la propuesta para renegociar los contratos de las privatizadas, que se realizó en el Congreso nacional. Allí, el diputado Fernando Melillo acusó a las empresas privatizadas de realizar una "apropiación ilegal de recursos", que les permitió "quedarse con 9 mil millones de dólares".

"Aumentaron ilegalmente las tarifas, utilizando las cláusulas de actualización en dólares con los índices de precios al consumidor de los Estados Unidos", enfatizó el diputado.

La renegociación, que el ARI imagina con la participación de las asociaciones de consumidores, permitiría "controlar a los grupos que se beneficiaron con esta política".

Además, los legisladores afirmaron que el destino de "una parte muy importante de esas ganancias extraordinarias fue remitida al exterior", e ilustraron esa situación con el dato de que el coeficiente de reinversión de utilidades estas empresas "fue de apenas el 27 por ciento".

Básicamente, el cuestionamiento de los diputados del ARI a las "ganancias extraordinarias" obtenidas por las empresas que se hicieron cargo de la prestación de los servicios públicos se centraron en la aplicación del índice de precios de los Estados Unidos como variable de ajuste de las tarifas.

En ese sentido, en el marco de una conferencia de prensa que ofrecieron esta tarde en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, el bloque del ARI acusó a esas compañías de haberse apropiado "ilegalmente" hasta fines del 2000 "de aproximadamente 9.000 millones de dólares" por la aplicación de esos ajustes. Por otro lado, indicaron que las ganancias obtenidas por estas firmas fueron producto también de "incumplimientos en la obligación de transferir a las tarifas las reducciones impositivas" y de incumplimientos contractuales, como "falta de pago del canon y no realización de inversiones comprometidas".

A la luz de estos y otros cuestionamientos, el bloque del ARI reclamó "la revisión de todas las renegociaciones contractuales que han derivado en la incorporación de cláusulas ilegales y/o que han condonado incumplimientos empresarios". Además, la bancada liderada por Elisa Carrió llamó a "evaluar la necesidad, en función de la gravedad de los incumplimientos, de rescindir algunos contratos" y de encarar una "revisión tarifaria integral para que las empresas devuelvan a los usuarios mediante la reducción de sus tarifas el dinero apropiado ilegalmente".