Más repercusiones por la represión en Avellaneda

El diputado nacional por el PJ José Díaz Bancalari aseguró que el Gobierno nacional fue el más "perjudicado" por la muerte dos piqueteros el pasado miércoles, y consideró que el designado ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero, "tiene condiciones" para ejercer ese cargo.

"Si hay alguien perjudicado en todo esto, al margen de las víctimas y sus familiares, es el Gobierno nacional, que hasta ese momento no había sufrido ninguna muerte en protestas sociales", sostuvo el legislador. De este modo, el legislador bonaerense se refirió a los feroces incidentes registrados el miércoles pasado, que dejó el saldo de dos manifestantes muertos y por el que ya hay cuatro policías detenidos.

En este sentido, Díaz Bancalari indicó que la policía "hace lo que puede, ya que sus agentes tienen una remuneración insuficiente", y por eso reclamó para esa fuerza "reglas claras y una conducción institucional seria".

Paralelamente, el bloque de senadores provinciales de la UCR bonaerense hizo un llamamiento para que se "refunde" a la policía bonaerense y propuso que las reglas que deberán cumplir los uniformados se discutan en el marco de la Legislatura.

Por otra parte, los legisladores de la UCR consideraron que la muerte de dos piqueteros a manos de policías el miércoles pasado en Avellaneda se debió a "la impericia" de la fuerza y a "la pasividad del poder político para ejercer un mando efectivo sobre los uniformados". En un comunicado entregado a la prensa, los senadores radicales hicieron un llamado a las fuerzas políticas con representación parlamentaria y al gobernador Felipe Solá a "discutir y concretar una refundación de la policía provincial".

Asimismo, el senador frepasista Eduardo Sigal señaló que persiste un concepto "verticalista y autoritario" en la formación policial, y reclamó "decisión política del Gobierno provincial para conducir los procesos de seguridad".

"Se debe pensar en la seguridad no sólo como un tema policial, sino judicial, económico y educativo", indicó.

Por su parte, el diputado radical Marcelo Elías indicó que es necesario "diseñar sin apresuramiento una política de seguridad", en el recambio frente al Ministerio de Seguridad. "Si hubo una política de seguridad, ha fallado", sentenció Elías y estimó que debería repensarse la posibilidad de colocar a un jefe policial que no provenga de las filas de la institución.

Mientras tanto, legisladores opositores presentaron un proyecto para que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados bonaerense se constituya en comisión especial investigadora de la represión ocurrida el miércoles en el Puente Pueyrredón.

La iniciativa es impulsada por los diputados Alejandro Mosquera, quien preside la comisión, y Luis D'Elía, y es apoyada por Mirta Adobatti (ARI), Juan Añón (Polo Social), Graciela Vanzán (Frente para el Cambio) y Sandra Riobbo (UCR), entre otros.

El proyecto apunta a "establecer las responsabilidades de quienes participaron en estos hechos y quienes dieron las órdenes, para lo cual se faculta a citar a declarar a funcionarios y particulares, como así también solicitar toda la información necesaria para cumlir su cometido".

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