Ambos partidos avanzaron en la redacción del predictamen, pero aún quedan varios puntos por resolver entre el oficialismo y el radicalismo, como la participación que tendrán el Congreso en las renegociaciones de las tarifas, y de los representantes de los consumidores. Estas tratativas entre el justicialismo y la oposición para avanzar en una ley del marco regulatorio de los servicios públicos se están realizando en un momento crucial de la negociación entre el gobierno y las concesionarias para definir el aumento de las tarifas de servicios públicos.

Si bien estas iniciativas tienen larga data, en las últimas semanas, justicialistas y radicales acordaron en la comisión de Obras Públicas acelerar la sanción de esta ley para imponer las reglas de juego para la renegociación de los contratos y los parámetros para autorizar el aumento de tarifas.

En este contexto, los diputados redactaron un predictamen que tendría un significativo consenso donde se establece que la renegociación de los contratos abarque todos los aspectos y que el aumento de tarifas esté relacionado con el ingreso de la población. En ese sentido, establece que las tarifas "deberán guardar una relación razonable con el ingreso de los usuarios y consumidores, asegurando el mínimo costo posible", es decir que para aumentar los servicios esenciales se tendrá en cuenta el incremento del nivel salarial de la población.

El presidente de la Comisión de Obras Públicas, el radical tucumano Carlos Courel, aseguró que con esta iniciativa "se está garantizando a los usuarios de los servicios una verdadera relación de equidad entre el impacto de las tarifas y la distribución de los ingresos".

Si bien los acuerdos son importantes, para conseguir el dictamen único se deberán consensuar otros puntos que solicitará el justicialismo, como definir la participación del Congreso en la negociación tarifaria y de los representantes de los asociaciones de consumidores.

Una de las críticas de algunos asesores justicialistas es que "desaparece el Congreso en la negociación" y que se otorga un representante de los consumidores en el directorio para debatir todas las cuestiones y no sólo las referentes a los derechos de los usuarios. A juicio de los técnicos del PJ, las asociaciones de los consumidores deberían tener voz, pero no voto, y sólo participar de las reuniones de directorio en los temas específicos.

Este proyecto está redactado en base a las iniciativas presentadas por los ex diputados Eduardo Santín y Ricardo Vago, y de los actuales legisladores Darío Alessandro (Frepaso), del Socialismo Popular Ricardo Guistianini, y los justicialistas Humberto Roggero y Graciela Camaño, actual ministra de Trabajo. El predictamen de 12 artículos establece que el objetivo de la ley es la gestión, regulación, fiscalización y control de servicios públicos y actividades de interés publico prestados por el Estado Nacional a través de la administración central o descentralizada; o por terceros, previa privatización del servicio o bajo el régimen concesión, licencia o permiso.