Por lo pronto, tanto peronistas como radicales no se ponen de acuerdo sobre si el tema deberá discutirse en la comisión bicameral de Reforma del Estado, la misma que tuvo a su cargo el control de las privatizaciones, o la especialmente creada por la ley de Emergencia Económica para controlar el uso de las facultades parlamentarias delegadas en esa norma. Sin embargo, ambas comisiones no poseen carácter vinculante en sus definiciones, a pesar de que la ley de emergencia económica determinó lo contrario, por lo que no existiría un mecanismo que le permitiría al Congreso tomar partido con voz y voto.

Precisamente, uno de los debates que debería resolver el parlamento primero es si existe voluntad política para rechazar la reglamentación del Poder Ejecutivo dispuesta para la comisión especial de seguimiento de las normas aplicadas en virtud de la utilización de la ley de Emergencia Económica, que le quitó la facultad de emitir dictámenes vinculantes.

Mientras tanto, el diputado socialdemócrata, Héctor Polino, pidió la renuncia del secretario de Industria, Carlos Leone, porque a su entender actúa "como vocero de las empresas del servicio de electricidad" ante un posible aumento de las tarifas. En un comunicado, el legislador, integrante del bloque del ARI, destacó que "mientras el presidente Eduardo Duhalde y el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, vienen sosteniendo que no habrá aumento tarifario sin pasar por las audiencias públicas y el Congreso Nacional, el secretario de Industria utiliza el chantaje que efectuaron las empresas eléctricas para decir que si no hay aumento de tarifas vendrán los cortes de energía".

Hasta el momento, sólo un pequeño sector del bloque de diputados justicialistas, encabezado por el pampeano Manuel Baladrón, pretende que esta semana la comisión de Obras Públicas defina qué carácter tendrá esa comisión de cara al debate por las tarifas de los servicios públicos.

Baladrón es autor de un proyecto de ley que supedita la aprobación de la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas a la aceptación de ambas cámaras parlamentarias.

Pero junto a esa iniciativa subsisten otras dos que se ubican en polos opuestos.

La primera es del ultramenemista cordobés Oscar González que establece la intervención de la comisión en un plazo posterior a la definición del PEN, es decir sin carácter vinculante en sus resoluciones.

La segunda es de Fernando Melillo, del Frente Grande, que faculta a la comisión a aceptar o rechazar una medida adoptada por decreto del PEN con su solo pronunciamiento con un dictamen, es decir, sin necesidad de aprobación del pleno de ambas cámaras.

A esta indefinición en el Congreso se suma otro eje de discordia: cuál de las comisiones será la encargada de debatir los acuerdos con las empresas de servicios público en manos privadas. En el justicialismo, la idea que impera es centrar las discusiones en la de Reforma del Estado, con lo cual le quitarían al Congreso la responsabilidad de tener la palabra final sobre los aumentos ya que sus decisiones no son vinculantes.

En el radicalismo, por el contrario, pretenden que el Parlamento aporte su palabra y que ésta sea escuchada, aunque no se definen por el ámbito en el cual deben discutirse estas cuestiones, aunque por las dudas ya tienen nombrados a sus representantes para ambas comisiones y reclamaron su inmediata constitución.