Asociaciones de consumidores, asambleas barriales, legisladores y la defensora adjunta de la Nación Norma Bevillacqua, rechazaron la posibilidad de incrementos en las tarifas de los servicios públicos por considerarlos "inconstitucionales".
"Son doblemente inconstitucionales -señaló Bevillaqua- porque se viola la protección de los ingresos frente a las ganancias monopólicas de las empresas y el artículo 9 de la Ley de Emergencia Pública, mediante la cual los servicios se encuentran por fuera de las variables de la regulación económica".Las organizaciones de consumidores y las asambleas barriales se pronunciaron en igual sentido y presentaron un documento en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados con caso 33 mil firmas para rechazar aumentos.
En ese documento, también se piden tarifas diferenciales para desocupados y jubilados financiados con "las ganancias extraordinarias de las privatizadas".
Entre otras organizaciones adscribieron al rechazo PSA, Fundal, Madres (Línea fundadora), Diálogo 2000, Apyme y Fundación Illia; los diputados del ARI Fernando Melillo, Marcela Bordenave, Héctor Polino, Alberto Piccinini; Francisco Gutiérrez (Polo Social) y Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad). El rechazo del ARI fue cruzado por el bloque justicialista, que a través de un comunicado destacó que "el Gobierno no avaló ningún aumento de tarifas en los servicios públicos".
Por su parte, el bloque de diputados justicialista insistió en que las renegociaciones de tarifas y de los contratos deben ser respaldos por dictámenes vinculantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso Nacional.
La bancada peronista ratificó su postura sobre el procedimiento que se debe cumplir para establecer un cambio tarifario y convocó a una reunión para el martes próximo donde se evaluarán diferentes iniciativas parlamentarias sobre la cuestión. Uno de los temas que debe resolver es la sanción de un proyecto de ley para convertir en vinculante los dictámenes que emita la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones, que hasta ahora solo funcionan como pronunciamientos políticos de ese organismo controlador.
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Jorge Bucco (PJ-Córdoba), aclaró que "el gobierno ratificó que no autorizó en ningún momento ajustes tarifarios en las facturas de consumo de servicios públicos, por lo que mal pueden las empresas aplicar aumentos en los precios de sus servicios". Bucco señaló que el PJ "insistirá que la discusión tarifaria y de los contratos deberá pasar primero por la comisión Bicameral de Seguimiento de la renegociación de los contratos de los servicios públicos privatizados".
