Numerosas iniciativas aprobadas en Diputados

La sesión contó con la presencia de 220 diputados con lo cual surtió efecto la medida adoptada hace una semana por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, de descontar las dietas a los legisladores que no concurrieron a la reunión del pleno del cuerpo.

Camaño descontó las dietas a 82 diputados que no concurrieron a la sesión realizada el miércoles pasado ni tampoco justificaron su ausencia ni avisaron previamente, como establece la resolución votada a mediados de mayo por el conjunto de los legisladores. Ahora, el jefe de la Cámara junto al resto de los presidentes de bloque debe definir cual será el destino del dinero de los casi 40.000 pesos del ahorro producido que tendrá el cuerpo, ya que se descontará 500 pesos por cada legislador ausente en una sesión.

En la sesión, la Cámara de Diputados aprobó la prorroga del Cer, de las ejecuciones hipotecarias, de penalización de delitos informáticos, de rechazo al veto de propiedad participada de YPF, de modificación de la ley de procedimiento tributario y la declaración Santiago del Estero como ciudad madre y cuna del folklore. En tanto, el plenario dejó pendiente para la próxima semana los proyectos de modificación a la ley de partidos políticos para flexibilizar los requisitos para conformar agrupaciones, y la derogación de las jubilaciones de privilegio.

Además se aprobaron dos preferencias, una para debatir la próxima semana el proyecto sancionado por el Senado que autoriza la prescripción de gen?ricos y otro para dar facultades al interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales destinadas a la explotación de los recursos en la mina de Rubio Turbio. Por un lado, se aprobó un proyecto de ley que veda al Poder Ejecutivo la posibilidad de que establezca regímenes de regularización de deudas tributarias "que impliquen la eximición total o parcial" de esas obligaciones. La iniciativa -que había sido impulsada desde el Poder Ejecutivo y que había sido aceptada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda sin disidencias ni observaciones- introduce algunas modificaciones a la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario sancionada en 1998.

En ese sentido, la ley aprobada por Diputados -que deberá ser considerada en el Senado para su sanción definitiva- establece que "el Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer regímenes de regularización de deudas tributarias que impliquen la eximición total o parcial" de obligaciones.

En este punto, indica que esta normativa alcanza a medidas que tiendan a la eximición total o parcial "del capital intereses, multas y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con los gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la AFIP".

Asimismo, se aprobó un proyecto de ley que crea figuras relacionadas con "delitos informáticos" entre las que se encuentran incluidos el espionaje informático, el sabotaje, la piratería, el fraude informático y al acceso no autorizado. La iniciativa, aprobada en Diputados y girada en revisión al Senado, establece penas de prisión de quince días a seis meses para quien "ilegítimamente y a sabiendas accediera por cualquier medio a un sistema o dato informático sin que medie autorización del propietario o excediéndose de los límites de la autorización.

Por otro lado, la normativa crea la figura de "espionaje informático" para definir el delito consistente en interceptar, interferir o acceder a un sistema informático para obtener datos de forma no autorizada, violando la reserva o secreto de la información de dicho sistema.

En estos casos, el proyecto prevé penas de prisión de entre un mes y un año, mientras que si la información o los datos obtenidos "constituyeren secreto político o militar concerniente a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación" las penas serían de uno a cuatro años. En otro orden, se aprobó la insistencia en la sanción original de un proyecto de ley que había dispuesto un Programa de Propiedad Participada del personal de YPF al rechazar el decreto 1477 del 2001 que había vetado en su totalidad a esa norma.

En el marco de la sesión que se desarrolló en la Cámara baja, fue aprobada y girada al Senado la insistencia en la sanción original de la Ley 25.471 del 2001 que establecía, entre otros puntos, una indemnización por parte del Estado a todos los ex empleados de YPF a quienes les hubiera correspondido el programa de propiedad participada.

Por otro lado, la norma cuya insistencia aprobó la Cámara baja reconocía el derecho de acceder al beneficio de la indemnización a todos los trabajadores que hubiesen estado en relación de dependencia con la ex empresa estatal YPF "hasta el 1 de enero de 1991".

Además, el proyecto fijaba un plazo de 60 días hábiles para que el Ministerio de Economía notificara a los beneficiarios los montos a cobrar.

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