Archivan pedido de juicio político contra el vicegobernador tucumano

La Comisión de Juicio Político de la Legislatura tucumana archivó el pedido de destitución contra el vicegobernador, Sisto Terán, presentado por el juez Víctor Pérez por el presunto pago de coimas para habilitar la reforma de la Constitución local. La oposición al gobierno justicialista reclama en tanto la intervención de la provincia.

Con el apoyo de representante de Voluntad Objetiva de Servir (VOS), el justicialismo consiguió los dos tercios de los votos que necesitaba para rechazar la apertura del proceso de juicio político en contra de Terán. Osvaldo Morelli, Federico Romano Norri (ambos de la UCR) y Gumersindo Parajón (Pueblo Unido) consideraron conveniente que Terán ejerza su defensa para determinar si correspondía o no iniciar el juicio político, pero sus votos fueron insuficientes.

El juez Pérez pretendía citar a declarar al vicegobernador de la provincia como imputado por presunto cohecho y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la comisión legislativa frenó esa iniciativa y resolvió archivar la causa.

En su resolución, el juez Pérez señaló a Terán como el responsable de los delitos de "enriquecimiento ilícito y cohecho activo", por lo que había solicitado a la Legislatura que lo destituyera una vez cumplido el trámite del juicio político.

La política tucumana se vio inmersa en las últimas horas en un fuerte escándalo originado en las declaraciones de la esposa de un legislador justicialista en las que se mencionaba el pago de sobornos por dos millones de pesos a parlamentarios locales para reformar la Constitución provincial.

El secretario del juzgado de Pérez, Luis Lezana Flores, concurrió ayer a la Legislatura y presentó la documentación de la causa que consta de más de mil fojas con elementos y pruebas que no trascendieron a la prensa.

Fuentes legislativas confiaron que allí se incluye la declaración de la esposa del legislador Mariano Poliche (VOS), quien habría denunciado la supuesta compra de voluntades para habilitar la reformar de la Constitución provincial, aunque posteriormente negó todo.

El fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, quien llevó adelante la causa, le recomendó al juez Pérez que le requiera a la Legislatura "un juicio político a fin de lograr la destitución de Terán y así poder seguir adelante con la investigación" sumaria abierta el 12 de junio pasado.

Jerez concluyó que "la presunta compra de voluntades (para que el 19 de febrero se declare mediante una ley la necesidad de reformar la Carta Magna local) se produce por la facilidad en el manejo de fondos públicos que tiene el presidente de la Legislatura".

Del análisis de las declaraciones juradas del vicegobernador y de su esposa, Sylvana Dellarosa, de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales de los años 1999, 2000 y 2001 surge que en el segundo de esos años "tuvieron un incremento patrimonial no justificado de 70.000 pesos".

Jerez argumentó que, desde que asumieron las actuales autoridades en octubre de 1999, la reforma se convirtió "casi en una obsesión", en la que "la ley que establece la necesidad de la enmienda sólo constituyó la concreción de una larga aspiración".

Todo el arco opositor local salió a reclamar la "inmediata intervención" del Poder Ejecutivo tucumano. Esa postura es defendida, entre otros, por el diputado nacional del ARI José Vitar, quien adelantó que mañana pedirá que la Cámara baja trate sobre tablas la intervención del provincia por parte del gobierno nacional.

"En la provincia desapareció la división de poderes. La esposa de un legislador denunció el pago de sobornos desde el Poder Ejecutivo a la Legislatura y la Justicia está alterada", expresó Vitar al anunciar su iniciativa.

En ese mismo sentido, el diputado Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, le pidió un encuentro al ministro del Interior, Jorge Matzkin, para tratar la situación de Tucumán. Bussi le planteará también a los titulares de las bancadas mayoritarias del Congreso la necesidad de intervenir el gobierno tucumano, luego del escándalo desatado en torno a la reforma constitucional.

También suscribe la idea de que el gobierno de Miranda debe ser intervenido la UCR tucumana, cuyo presidente de la convención Eudoro Aráoz expresó públicamente que los 27 legisladores que apoyaron la necesidad de reformar la Carta Magna "deberían renunciar si tienen verguenza".

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