Diputados creó la figura del arrepentido en secuestros

La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado los proyectos de ley que incorporan al Código Penal la figura del arrepentido en los secuestros extorsivos y que impone severas penas a los padres que utilizan a sus hijos menores para realizar actos delictivos.

De esta manera, los diputados buscan otorgar herramientas legislativas a los jueces para combatir la grave ola de violencia que ha recrudecido en las últimas semanas.

La decisión de incorporar este tema en la sesión fue acordada por la tarde entre el justicialismo y el radicalismo, pero no contó con el respaldo del Interbloque del ARI y de Izquierda Unida que objetó el tratamiento sobre tablas de una modificación del Código Penal. En uno de los proyectos se incorpora al Código Penal la figura del arrepentido en los secuestros extorsivos con el objeto de ayudar al esclarecimiento de esta metodología de delitos que se ha incrementado en los últimas semanas.

El dictamen redactado en base a las iniciativas de los diputados justicialistas Carlos Brown y Jorge Casanovas fija que podrá reducirse en un tercio las penas a aquellas personas que ayuden a esclarecer un secuestro extorsivo.

En ese sentido fija que las escalas contempladas podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de cualquiera de los partícipes o encubridores de los delitos, si durante la sustanciación del proceso o con anterioridad a su iniciación, proporcionare información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentre retenida. Estas penas podrán reducirse al mínimo legal o eximirse de ellas cuando la información hubiera permitido liberar a la víctima indemne o con mínimos daños en su cuerpo o en su salud. En el caso de corresponder prisión o reclusión perpetua podrá aplicarse prisión o reclusión de 8 a 15 años.

En el caso de muerte de una persona la pena será de reclusión perpetua o prisión perpetua.

Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto y giró al Senado un proyecto de ley que agrava las penas de los mayores que hubiesen utilizado a menores de 18 años para participar de delitos, ya que estos jóvenes son considerados inimputables y no van a la cárceles.

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