Esta derogación contempla la eliminación de las jubilaciones de privilegio de ahora en más, pero no afecta las concedidas en el pasado, porque la ley no tiene efectos retroactivos. La sanción llegó tras un largo debate que giró en torno a las numerosos dictámenes que emitieron los miembros de la comisión de Previsión Social, uno por la mayoría -con ocho disidencia parciales- y seis de la minoría.

Las diferencias surgieron por los criterios que se aplicaron para dejar en pie algunas franjas de sectores que reciben jubilaciones especiales, como los docentes e investigadores.

Durante el tratamiento en particular, se estudiará también mantener las jubilaciones de los obispos y arzobispos de la Iglesia Católica. El justicialismo, en principio, pretendió eliminar todas las jubilaciones de privilegio, pero se encontró con la resistencia de la arista María América González, que pugnó con el apoyo de su bancada y los partidos de izquierda para que sigan en el régimen especial los docentes e investigadores.

Finalmente, el PJ optó por acordar que fueran dejados de lado los sistema especiales de esos sectores para evitar la dispersión en el voto de los legisladores, lo que podría haber hecho peligrar la aprobación de la iniciativa.

En consecuencia, docentes e investigadores seguirán percibiendo el 85 por ciento del último salario percibido, cuando cumplan 25 años (30 en el caso de los investigadores) de servicio y 10 años continuos o discontinuos al frente de un aula, a partir de los 60 años las mujeres y 65 los hombres.

Las jubilaciones de privilegio consumen al erario 117 millones de pesos anuales.

En tanto, los diputados sancionaron también modificaciones al sistema de elección de los jueces por el Consejo de la Magistratura, para agilizar un trámite que los bloques consideraron como muy "burocrático" para la dinámica que necesita la Justicia.