La medida beneficia a aquellos deudores que no fueron incluidos en la primera eliminación del CER que favoreció a quienes tenían créditos hipotecarios por hasta 100 mil pesos destinados a vivienda familiar y única.

El proyecto había sido aprobado hace una semana por Diputados, disponiendo una postergación hasta el 30 de septiembre para la aplicación del CER a los pasivos inferiores a ese monto, y que no hubieran sido exceptuados por el Gobierno cuando se introdujo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Ese coeficiente se estableció mediante el decreto 792/02 para los créditos hipotecarios y alquileres de viviendas unifamiliares, préstamos prendarios inferiores a 30 mil pesos, y personales inferiores a 12 mil.

Con la nueva ley, el Gobierno deberá definir en un muy corto lapso la alternativa de indexación que elegirá para reemplazar al CER, que deberá introducir una variante aceptable en el delicado equilibrio que mantienen bancos, deudores, acreedores y el Estado.

El proyecto votado establece que "prorrógase hasta el 30 de septiembre del año 2002 la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia establecido por el artículo 4 del decreto 214/02 para todas las obligaciones de dar sumar sumas inferiores a 400.000 a cargo de personas físicas y jurídicas". También dispone que en el "caso de deudores de entidades financieras, el monto establecido será considerado en relación al endeudamiento en el conjunto del sistema financiero".

Por otra parte, se votó una preferencia para que en la próxima sesión se incluyan en la prórroga a los deudores de tarjetas de créditos con saldos en dólares.

Asimismo, el Senado convirtió en ley una prórroga por 90 días de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias al disponer una modificación al plazo legal establecido por el artículo 16 de la Ley 25.563. De esta manera, quedaron suspendidas por ese plazo aquellas medidas que impliquen actos de subasta de inmuebles, en los que se encuentre la vivienda del deudor o sobre bienes afectados a la producción, el comercio o la prestación de servicios.

Los alcanzados por esta iniciativa son los actos de subastas decretadas en juicios ejecutivos, ejecuciones de sentencias o en ejecuciones extrajudiciales; como así también, la ejecución de medidas cautelares que importen el desapoderamiento de bienes afectados a la actividad de establecimientos comerciales, fabriles o afines, que lo necesiten para su funcionamiento.

El proyecto fue votado sin controversias entre los senadores que, respetando el texto aprobado hace una semana por Diputados, remarcaron en los fundamentos del proyecto que "la posibilidad de los deudores de cancelar las acreencias se ve dificultada al subsistir la falta absoluta de crédito interno y externo que paraliza e inmoviliza toda la economía nacional".

"Frente a la situación socio-económica del país, que se caracteriza por una grave recesión, resulta necesario implementar todas las medidas conducentes para el fortalecimiento del desarrollo del sector productivo privado y el crecimiento económico, favoreciendo las condiciones de vida de amplios sectores de la población económicamente activos", agrega el texto de los dictámenes elaborado por ambas cámaras.