La Legislatura porteña aprobó una declaración en la que recomienda la intervención del gobierno local para que decrete la cancelación de todas las salas de bingo de la ciudad de Buenos Aires donde funcionen máquinas tragamonedas.
Además, dispusieron reducir a seis horas la jornada laboral de los trabajadores de subterráneos, mientras que por otro lado fue declarada la Emergencia Hídrica Freática en la Capital Federal, por el término de un año.
Respecto a las tragamonedas, la iniciativa presentada por el legislador Atilio Alimena tuvo tratamiento sobre tablas y reunió un respaldo de una amplia mayoría.
La Legislatura resolvió aplazar el tratamiento de una ley sobre la creación de un Instituto del Juego, un organismo que regularía esta actividad en la ciudad y garantizaría, entre otros puntos, que parte del dinero que se recaude fuera a la tesorería porteña.
Tras el debate, la Legislatura incorporó al texto original un pedido para que el Ejecutivo también solicite la renuncia de los funcionarios de Lotería Nacional que hayan intervenido a favor del funcionamiento de las máquinas cuestionadas. Los legisladores dejaron constancia expresa de su respaldo a la Justicia Contravencional, dada su intervención contra el funcionamiento de las tragamonedas.
En el proyecto sancionado, en primer término, se solicita al Ejecutivo local que asegure el "cumplimiento de lo establecido en la ordenanza 46.477, en su artículo 4, referido a la habilitación de Salas de Bingo". En esa norma se precisa que "la habilitación del rubro Salas de Bingo será la única actividad permitida, no admitiéndose ninguna otra actividad compatible y/o complementaria, con excepción de los café-bar, casa de lunch y/o confitería". En otro orden, se sancionó una ley por la que se dispone reducir a seis horas la jornada laboral de los trabajadores de los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, dada la insalubridad que causan el ruido, las vibraciones y la contaminación del aire en los túneles.
El prolongado debate tuvo el marco de numerosos trabajadores afiliados a la Unión Tranviarios Automotor, que manifestaron su aprobación y/o reprobación a las respectivas intervenciones. El diputado Enrique Rodríguez (Bloque Forja 2001), que se encargó de fundamentar el proyecto, durante su intervención tuvo expresiones sarcásticas sobre los fundamentos de su colega Atilio Alimena quien, en oposición, había pedido archivar el proyecto, argumentando que se trataba de un tema de jurisdicción nacional.
Fue entonces, que Alimena, cuestionó la defensa que hacía Rodríguez del proyecto "porque precisamente él, siendo titular de la cartera laboral durante el gobierno de Carlos Menem, en 1993 firmó el decreto que permitió que los trabajadores acá presentes se vieran sometidos a trabajar ocho horas de trabajo".
Jorge Altamira, por su parte, subrayó que "la aprobación de esta ley significa un triunfo ideológico y político de los trabajadores", mientras la diputada Beatriz Baltroc (ARI), sumó a los elementos insalubres que "en los túneles de subterráneos existen más de 200 antenas de teléfonos celulares" los que dijo" aumentan aún más la insalubridad de estos sitios, debido a que son factores de afecciones cancerígenas, según especialistas en la materia"
Los cuestionamientos principales que esgrimieron los cuatro diputados que se opusieron al proyecto se basaron en la "posibilidad de un veto del Ejecutivo dada su presunta inconstitucionalidad". En tal sentido se pronunciaron los diputados del Frente Grande Marcelo Vensentini y Sandra Dosch; el ucedeísta Julio Crespo Campos y Atilio Alimena, del Partido Demócrata.
Por otra parte, la Legislatura porteña declaró por el plazo de un año, la Emergencia Hídrica Freática de la Capital Federal, y dispuso que el riego de plazas y limpieza de calles, entre otros casos, deberá hacerse con "agua subterránea extraída mediante bombeo del subsuelo". Estableció además que "hasta que no se cuente con un estudio integral de los acuíferos de la Región Metropolitana de Buenos Aires, necesarios para afrontar en forma estructural el problema de las aguas subterráneas, el Gobierno de la Ciudad dispondrá la provisión y colocación de bombas y otros elementos necesarios en las zonas más afectadas".
"La aptitud de uso de las aguas extraídas serán certificadas en base a análisis físicos y químicos", dispuso la Legislatura porteña en respuesta a la situación vivida por habitantes de los barrios periféricos de la zona oeste de la Capital.
