El Senado presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investiguen las afirmaciones publicadas en dos notas por el diario británico Financial Times relacionadas con un supuesto pedido de coimas formulado por legisladores a representantes de los bancos.
La querella está basada en la falta de respuesta a una ampliación de información solicitada el lunes de la semana pasada por los titulares de ambas cámaras parlamentarias al diario Financial Times y a su corresponsal en la Argentina, Thomas Catan. La denuncia fue presentada por orden del vicepresidente del Senado, Marcelo López Arias (PJ-Salta), y recayó en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría.
La denuncia fue publicada por el diario británico Financial Times los días 20 y 30 de agosto pasados y reproducida posteriormente por el diario La Nación, en un artículo del columnista Joaquín Morales Solá.
El corresponsal en Buenos Aires del influyente rotativo británico cursó a su editor una nota en la que indicó que legisladores argentinos propusieron a través de una persona a la que no se identifica, que pagaran una coima para que no prosperara una iniciativa que los perjudica.
El proyecto en cuestión impulsa la creación de la Comisión Nacional del Trabajo Bancario, con un aporte patronal equivalente al 2 por ciento de lo recaudado en concepto de distintos trámites internos realizados por los usuarios.
La iniciativa fue impulsada por el secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola; presentada luego por el senador justicialista Luis Barrionuevo y aprobada por unanimidad en el recinto de la Cámara alta ante la algarabía de trabajadores que siguieron la sesión desde las gradas.
Según la denuncia periodística, la propuesta ilícita habría sido realizada por "una persona conocida" a la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que representa a entidades como el Citibank, HSBC, Bank Boston, Deustchebank y JP Morgan. Sin embargo, la propia nota consigna que el titular de ABA, Mario Vicens, negó rotundamente haber recibido alguna proposición deshonesta en ese sentido.
El periodista refirió también en su nota que la presunta maniobra fue puesta en conocimiento de los embajadores de Estados Unidos, James Walsh y de Gran Bretaña, Robert Christopher, durante una reunión realizada el 16 de agosto, tras lo cual el diplomático norteamericano informó al canciller argentino Carlos Ruckauf.
La denuncia mereció un proyecto de comunicación de la catamarqueña Marita Colombo y una cuestión de privilegio del justicialista chaqueño Jorge Capitanich, formulada durante la sesión realizada por el Senado el miércoles pasado, con el fin de aclarar el caso.
Entre las medidas adoptadas por la comisión también se decidió enviar oficios a través de la Cancillería a los embajadores británico y norteamericano para que aporten la información que, según la nota del Financial Times, recibieron al haber sido objeto de la queja de los representantes de las entidades financieras por el pedido de coima.
El debate en la comisión dio un giro inesperado cuando el senador Jorge Yoma (PJ-La Rioja) afirmó que la versión sobre un supuesto pedido de coimas de legisladores "se asemejaba a una vendetta del sector financiero contra el Senado". De esta manera, el legislador riojano relacionó la denuncia con una represalia de los bancos por la aprobación de una serie de medidas por demás polémicas y controvertidas para ese sector.
En esa lista se encuentran iniciativas como la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, la prórroga por 90 días en la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y la responsabilidad de las casas matrices sobre los depósitos tomados por sus sucursales en la Argentina.
Más aún, Yoma aseguró que "si hubo lobby no le fue bien con el Senado porque aquí la ley salió aprobada por unanimidad y, según el periodista, el lobby sí tuvo efecto en el Poder Ejecutivo, tanto que Eduardo Amadeo adelantó un posible veto a la ley". La postura fue apoyada por la mayoría de los senadores que participaron de la reunión de Asuntos Constitucionales.
Por ejemplo, el entrerriano Jorge Busti (PJ) adjudicó la denuncia a una "operatoria del sector financiero en respuesta al tratamiento de proyectos que van en contra de sus intereses".
