Los radicales expresaron su postura de no prolongar por tiempo indeterminado la definición del Juicio Político a los miembros del máximo tribunal, uno de los temas que más desvela al gobierno de Eduardo Duhalde, pero apuntan a que en el plazo de diez días exista un pronunciamiento de los candidatos de los demás partidos políticos.

"Mayoritariamente el bloque está por no bajar al recinto", anunció en un alto de la reunión el presidente de la bancada de diputados, Horacio Pernasetti.

El titular de la UCR, Angel Rozas, ratificó que el radicalismo avanzará en su postura de impulsar el juicio político "a la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia" y exhortó a los precandidatos presidenciales del PJ, a que expresen cuál será la postura que llevarán al Congreso los diputados nacionales justicialistas.

Rozas sostuvo que la postura del Comité Nacional de la UCR es "no dar quórum en la sesión del próximo jueves" porque, dijo, "lo que queremos es terminar acordando el enjuiciamiento de la mayoría automática" con las otras bancadas. "Vamos a dar quórum cuando nos pongamos de acuerdo, no cuando quiera un sector del justicialismo fijar una fecha especial", anticipó Rozas a la prensa en el Comité Nacional, al término de un encuentro con gobernadores y los titulares del bloque de diputados, Horacio Pernasetti y de Senadores, Carlos Maestro.

El titular del Comité Nacional añadió que "lo que tendríamos que hacer es preguntarle a (José Manuel) De la Sota, a (Carlos) Reutemann, a (Adolfo) Rodríguez Saá, a (Néstor) Kirchner y a (Carlos) Menem qué van a hacer sus diputados en el Parlamento cuando se trate el enjuiciamiento".

Por su parte, el diputado justicialista Miguel Saredi consideró "imperioso" que se debata "prontamente" en el recinto el juicio político a la Corte Suprema de Justicia por entender que "mantener en vilo esta definición configura un ataque a las instituciones republicanas".

En este sentido, el legislador, quien se encuentra alineado en el duhaldismo, señaló que "la dilación en el trámite del juicio político a la Corte ha roto el principio de independencia de los poderes del Estado e instituido informalmente la incorporación de la Corte a los juegos de la negociación política".

"El funcionamiento independiente de los tres poderes del Estado continúa obstaculizado por la sucesión de extorsiones que esta indefinición de la Cámara de Diputados de la Nación posibilita", afirmó el diputado justicialista a través de un comunicado.

Mientras tanto, los secretarios presidenciales Aníbal Fernández y José Pampuro reclamaron que la Cámara de Diputados defina en el corto plazo la cuestión del juicio político a los miembros de la Corte.

"Debe cerrarse el juicio a la Corte. Si (los diputados) tienen elementos para llevar adelante el juicio, lo deben hacer. Si los elementos con los que cuentan son suficientes, deberían acusar, y si eso no es así debería darse por terminado", puntualizó Fernández. El secretario general de la Presidencia consideró, en declaraciones radiales, que "o por una cosa o por otra se tiene que definir, no puede estar 'in eternum'".

A su vez, Pampuro advirtió que "este tema deberán resolverlo los legisladores" y dijo que la posición del Gobierno es que "esta situación no puede demorarse en el tiempo".

"El planteo de ellos -en referencia a los miembros del alto Tribunal- es también que se resuelva, ya que genera intranquilidad y molestia en la actuación de la Corte, es lógico que quieran que se cierre", puntualizó.