El presidente del bloque de senadores justicialistas, José Luis Gioja, anticipó que la semana próxima se realizará un plenario de comisiones para iniciar el tratamiento del proyecto de ley que deroga las denominadas jubilaciones de privilegio.
De esa manera buscó despejar las dudas generadas en torno al trámite parlamentario de la iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados, al haber sido enviada a siete comisiones para su estudio.
Gioja remarcó que en el bloque mayoritario de la Cámara alta existe la intención de aprobar el proyecto sancionado hace veinte días por la Cámara de Diputados y aclaró que el hecho de que haya sido enviado a siete comisiones no significa que se lo pretenda demorar.
El proyecto que deroga el cobro de jubilaciones de privilegio es cuestionado por algunos legisladores porque dejaría al margen de este beneficio a sectores que cobran jubilaciones especiales como los representantes del servicio exterior y del clero.
El miércoles, en la sesión de la Cámara alta, la senadora Cristina Fernández de Kirchner (PJ-Santa Cruz) cuestionó la decisión de la Presidencia de la Cámara de enviar el proyecto a siete comisiones de trabajo. El duelo llegó a tal extremo que en un momento Kirchner denunció una maniobra "para cajonear" la iniciativa, relacionándola con el hecho de que se la haya remitido a siete comisiones. Es más, la senadora santacruceña planteó una moción para que se reconsiderara la decisión de la presidencia de la Cámara y que se circunscribiera el tratamiento del proyecto a tan sólo dos comisiones.
La próxima semana el plenario de las comisiones, que sumará aproximadamente 40 senadores, debatirá el proyecto sancionado por Diputados con la intención de avanzar en un dictamen.
Según comentó Gioja, la norma no demorará mucho para obtener su sanción; y en este sentido existen dos variantes, realizarle variantes al texto que aprobó Diputados o sancionarlo sin modificaciones y luego redactar una ley modificatoria.
Generalmente el envío de un proyecto para su debate en muchas comisiones es un síntoma claro de que se pretende demorar la posibilidad de que esa norma llegue al recinto, debido al engorroso proceso que implica conseguir el consenso de tantos legisladores participantes.