"Vamos a pedir como único asunto el tratamiento de la acusación a la Corte", adelantó el presidente del bloque Humberto Roggero en la certeza de que "este tema no puede seguir eternamente".

El planteo de la bancada de diputados del justicialismo de tratar el dictamen de la comisión de Juicio Político se hará en la reunión de Labor Parlamentaria, en la cual los jefes de los bloques deben acordar el temario de la sesión ordinaria, según informó el justicialista salteño Juan Manuel Urtubey, quien reconoció que "en los hechos puede ser que se condicione la sesión", pero aclaró que esta estrategia sólo se aplicará esta semana y aclaró que "no hay tratativas con el radicalismo".

La decisión que tomó el bloque comenzó a pergeñarse el miércoles pasado, un día antes de la sesión especial convocada por el PJ, como recurso alternativo si no se alcanzaba el quorum en la sesión especial. Ante la evidencia de que sin la UCR es imposible reunir el quorum, el oficialismo avanzó en introducir la acusación a la Corte en el temario de la agenda parlamentaria, para atar la definición del juicio político a la sanción de cualquier otra ley.

La duda de los justicialistas, admitida en privado por varios miembros del bloque, es hasta cuándo podrá el oficialismo sostener esta posición y si no deberá ceder en la pulseada ante la primera urgencia del Gobierno por sancionar una ley de gravitación nacional.

Desde el radicalismo, el secretario legislativo del bloque Ricardo Vázquez, confirmó que la UCR "no dará quórum" hoy para habilitar el tratamiento del dictamen acusatorio y dijo que "no hubo ningún cambio de las condiciones que justifique modificar la postura" de la UCR. De esta manera, el oficialismo decidió redoblar sus esfuerzos para debatir el juicio al tribunal que no concretó en la sesión especial que motorizó la semana pasada, porque no prestaron quórum los radicales, el ARI, y una treintena de justicialistas, donde militan una veintena de legisladores del PJ proclives a la acusación.

El diputado justicialista Ricardo Rapetti criticó a sus pares del radicalismo por no brindar quórum en la sesión especial convocada para tratar el Juicio Político a la Corte Suprema de la Nación. "En gran parte, el descrédito del Poder Legislativo ante la opinión pública obedece a actitudes como la asumida la semana anterior por el bloque de la Unión Cívica Radical al negarse a concurrir a la sesión especial convocada para tratar el Juicio Político a la Corte Suprema", sentenció el diputado.

Por su parte, la diputada titular del ARI, Elisa Carrió, afirmó que "no vamos a ir al recinto para evitar que se consagre la impunidad y espero que el radicalismo mantenga su historia, para que pueda reivindicar parte de su historia". A su vez, la diputada del Frepaso Nilda Garré dijo que "no se puede discutir el juicio a la Corte en medio de esta extorsión".

Hasta ahora, sin embargo, tanto los sectores que promueven la acusación de la Corte -que son la UCR, el ARI, la izquierda y un sector minoritario del PJ- como los que impulsan la expresa sepultura del juicio -la mayor parte del PJ, los provinciales y los cavallistas- se encuentran en un callejón sin salida.

Esto se debe a que quienes promueven el juicio político saben que, hoy por hoy, si llegaran a dar la discusión en el recinto, no conseguirían reunir los dos tercios de los votos necesarios para que prospere la acusación a los miembros del alto tribunal ante el Senado, que lleva adelante el enjuiciamiento propiamente dicho.

En tanto, quienes buscan que sea expresamente rechazado el juicio político en la Cámara saben que, en un recinto con quórum, su postura prosperará frente al fracaso de la acusación, pero tienen la limitación de que, por sí solos, no llegan a alcanzar el número mínimo de 129 presencias para habilitar el debate. Por otro lado, los diputados radicales Pascual Capelleri y Marta Di Leo presentaron un proyecto de ley que impulsa la suspensión de procedimientos relacionados con la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo.