El justicialismo supedita todo a que se trate el juicio

El justicialismo insistió en llevar al recinto los dictámenes acusatorios contra los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia que, al no reunir el voto de las dos terceras partes del cuerpo, llevaría a rechazar el juicio político al alto tribunal.

Las diferencias entre el justicialismo y la oposición sobre el inicio del juicio político a los miembros de la Corte hicieron fracasar la sesión ordinaria en la Cámara Baja y estancaron las negociaciones entre los bloques para definir la situación de los nueve magistrados.

El justicialismo condicionó el avance en el temario ordinario de la sesión a que se incorporen en la agenda la votación las acusaciones que pesan contra los miembros del alto tribunal, posición que fue rechazada por el radicalismo y el ARI.

La UCR planteó que las alternativas para encontrar una salida al "empate" legislativo deben buscarlas los miembros de la comisión de Juicio Político que motorizaron la acusación a los nueve miembros de la Corte.

Las negociaciones entre el justicialismo y el radicalismo tuvieron como escenario la reunión de Labor Parlamentaria, y allí el oficialismo y la oposición mantuvieron férrea sus posiciones, que derivó en el fracaso de la sesión.

El justicialismo volvió a cosechar el respaldo de los provinciales y del cavallismo para realizar el debate de la acusación, mientras que el radicalismo, el Frepaso, el ARI y la izquierda se abroquelaron en la postura de no dar quórum. Pero no sólo la mayoría de la oposición se ha encolumnado detrás de la estrategia de no dar quórum, sino una veintena de justicialistas, entre los que se encuentran el grupo Talcahuano -donde milita el presidente de la comisión Sergio Acevedo- y los delasotistas.

Desde que el justicialismo quiso forzar el debate del juicio a la Corte siempre se encontró con la traba de poder formar el quórum de 129 legisladores, aunque tenía asegurado los votos para bloquear la acusación contra los jueces.

Hasta ahora, sin embargo, tanto los sectores que promueven la acusación de la Corte -que son la UCR, el ARI, la izquierda y un sector minoritario del PJ- como los que impulsan la expresa sepultura del juicio -la mayor parte del PJ, los provinciales y los cavallistas- se encuentran en un callejón sin salida. El justicialista Manuel Baladrón se quejó por la actitud del radicalismo y afirmó que "no hay justificativo para dilatar el debate de la Corte Suprema y que haya diputados que no quieran sentarse en sus bancas" y dijo que "la democracia significa algunas veces ganar y otras perder".

"Este es el tema más importante que tiene que definir la Cámara de Diputados y para ello hoy teníamos 84 diputados dispuestos a sentarse en sus bancas", agregó Baladrón.

El vicepresidente del bloque, quien llevó la voz cantante en la reunión de Labor Parlamentaria, afirmó además que "no especulamos quién gana o pierde la votación, pero queremos dar el debate de una vez por todas".

Si bien no existió un planteo concreto en la reunión de Labor Parlamentaria, el radicalismo es partidario de analizar el giro a la comisión, que hasta ahora generó el rechazo de la conducción del justicialismo que sostiene que es dilatar la definición del juicio a la Corte.

Desde el ARI, José Vitar criticó la decisión del justicialismo de "paralizar la actividad de la Cámara de Diputados porque nos oponemos a discutir el juicio a la Corte" para "evitar que se pueda salvar a estos jueces".

En la sesión de ayer los diputados debían avanzar en el debate del rol del Congreso en la renegociación de las tarifas de servicios públicos y el pago de deudas bancarias con bonos. La semana pasada el justicialismo intentó reunir en una sesión especial los 129 diputados que necesita para lograr el quórum y habilitar el tratamiento del juicio a la Corte.

La sesión fracasó porque concurrieron 77 justicialistas, 13 provinciales, 4 cavallistas y otros cuatro diputados de bloques minoritarios. Tras este fracaso, el bloque del PJ que conduce Humberto Roggero centró su estrategia en instalar el tema de la Corte como asunto prioritario en la agenda parlamentaria, bajo el argumento que no puede mantenerse eternamente sospechado a uno de los tres poderes de la Nación.

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