El Senado aprobó un proyecto del legislador santafesino Oscar Lamberto, tendiente a permitir el funcionamiento en la Argentina de una "banca solidaria", con la cual se apunta a otorgar pequeños créditos sin las exigencias que imponen las entidades financieras tradicionales.
El proyecto fue fundado brevemente por el senador justicialista y apoyado mayoritariamente por los legisladores de las distintas bancadas, que elogiaron la intención de facilitar capital de trabajo a trabajadores independientes y artesanos.
La iniciativa crea el concepto de "bancos solidarios" y autoriza al establecimiento de este tipo de entidades en la cantidad necesaria para cubrir todo el territorio nacional, limitándolas al número de población que fije la reglamentación de la norma. El proyecto presentado también permite establecer bancos solidarios bajo la forma de cooperativas o de entidades autárquicas municipales de derecho público.
Estas entidades tendrán como función recibir depósitos a plazos, conceder créditos a corto y mediano plazo destinados a pequeñas empresas, productores, artesanos, empleados, obreros, particulares y entidades de bien público.
El límite de cada préstamo podrá ser de hasta el 0,5 por ciento del capital propio más los ahorros captados por cada uno de los sujetos solicitantes. Los bancos solidarios también podrán otorgar avales, fianzas u otras garantías hasta el 10 pr ciento de su capital, colocaciones de cuenta corriente o caja de ahorro en el sistema bancario y emitir obligaciones negociables.
En otro orden, el Senado rechazó el veto del Poder Ejecutivo y dejó en firme la ley que dispuso el pago de indemnizaciones a los ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que no hubieren recibido el beneficio del Programa de Propiedad Participada. La norma había sido aprobada en octubre del 2001 y vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo casi un mes después, con lo cual rechazó el criterio seguido por el Congreso de compensar a 22 mil ex empleados de YPF que se encontraban en relación de dependencia al 1 de enero de 1991.
Al respecto, el senador Marcelo López Arias (PJ-Salta) justificó su proyecto y el rechazo del Congreso a la actitud asumida por el Gobierno en el hecho de que el veto "perdió razón de ser con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2001 en favor de los desvinculados de YPF".
Asimismo, el Senado sancionó una ley que prohíbe el uso del sistema de radar-foto para detectar infracciones de tránsito en las rutas nacionales que no cuenten con la señalización preventiva necesaria para que los conductores puedan cumplir con las normas.
La ley establece que los equipos sólo pueden funcionar en aquellos sitios en los que se cumpla con las pautas meteorológica y técnica establecidas por las reglamentación de la Ley Nacional de Metrología. La prohibición apunta a evitar que los conductores se vean sorprendidos con multas por exceso de velocidad aplicadas por infracciones involuntarias cometidas en tramos de rutas en los que las señales aparecen en forma repentina.
Los fundamentos del proyecto sostienen la necesidad de que el control del tránsito se realice con el objetivo de evitar accidente y no con un criterio "abusivo" y "recaudatorio".
Por último, fue aprobado sobre tablas un proyecto de ley que garantiza una partida presupuestaria para financiar la expropiación de unas 3.000 hectáreas ubicadas en la provincia de Salta para que pasen a propiedad de la comunidad wichí Hoktek T'oi (lapacho Mocho).
La iniciativa fue aprobada por unanimidad y su tratamiento sobre tablas fue propuesto por la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta) a pedido de los representantes de la comunidad wichí, presidida por el cacique Roque Medina. En realidad, la expropiación de las 3 mil hectáreas había sido dispuesta por ley en el año 2001, pero las partidas para llevarla a cabo no fueron incluidas en el Presupuesto Nacional del corriente año, por lo que no se pudo realizar la operación.
