El secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, coincidió en la necesidad de modificar la media sanción de la Cámara baja a la derogación de jubilaciones de privilegio y respetar los derechos adquiridos por quienes aportaron a régimenes especiales, como jueces y funcionarios del servicio exterior.
En realidad, Conte Grand sólo respaldó la derogación lisa y llana de las pensiones vitalicias para funciones políticas, postura que sostienen varios senadores.
El titular de la ANSeS formuló estos conceptos al exponer en la primera reunión plenaria de las siete comisiones del Senado a la que fue girada la media sanción de la Cámara baja que deroga las denominadas jubilaciones de privilegio.
Conte Grand informó a los senadores de siete comisiones del Senado que analizan el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, el cual elimina todos los regímenes especiales salvo el de docentes y científicos, al tiempo que establece por un año un tope máximo de 3.100 pesos para todas las jubilaciones.
En el Salón de Lectura del Senado, el funcionario abogó por diseñar regímenes complementarios para actividades especiales, de manera de compensar las prestaciones que excedan los niveles del régimen general. Sin embargo, algunos senadores estimaron que el diseño de esos regímenes especiales demandará un tiempo que excede largamente la fecha del 9 de octubre, fijada para debatir en el recinto de la Cámara alta el proyecto sancionado por los diputados.
Por tanto, se estima que los senadores revisarán la eliminación de varios regímenes especiales aprobada por los diputados -entre los que se cuenta el del Poder Judicial- aunque existe consenso en derogar definitivamente hacia el futuro "las jubilaciones políticas" de legisladores y funcionarios de gobierno.
Con respecto al techo para las jubilaciones actuales que superan los 3.100 pesos -unos 10 mil casos- tanto el secretario de Estado como algunos de los senadores presentes llamaron la atención sobre el riesgo de que se produzca una "cascada" de pleitos por cercenar derechos adquiridos.
El mendocino Raúl Baglini estimó que el recorte podría ahorrar al sistema unos 120 millones de pesos anuales, pero advirtió que se corre el riesgo de que el Estado termine pagando 500 millones de pesos como producto de juicios perdidos.
El entrerriano Jorge Busti apoyó en cambio el tope de 3.100 pesos sancionado por los diputados para todas las jubilaciones, fundado en la situación de emergencia que vive el país. No hubo oposición en cambio para fijar un tope máximo a las jubilaciones futuras, aunque la salteña Sonia Escudero aludió a la inconveniencia del tope de forma general, en el marco de una economía inestable que puede obligar a corregir periódicamente un techo desactualizado por la inflación.
El senador Eduardo Menem se preocupó por preguntar en que situación quedarían los obispos de acuerdo con el proyecto sancionado por la Cámara baja, a lo cual el funcionario respondió que tanto los prelados como los ex presidentes deberían ser objeto de una definición política al margen de cualquier consideración técnica en materia de previsión social.
Menem instó además a que se tuviera en cuenta que las jubilaciones de privilegio habían sido derogadas en 1994, por lo que una nueva derogación podría dar lugar a que algunos jubilados reclamaran su cumplimiento desde ese año hasta hoy.
Por su parte, los miembros de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social aclararon que el régimen jubilatorio para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, es "especial" pero "no de privilegio".
Los camaristas sumaron su crítica a la que expresó la Asociación de Magistrados y Funcionarios por la eventual derogación de la ley 24.018, que contempla la situación previsional para el sector.
El proyecto que deroga la norma tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y se encuentra a estudio del Senado, lo que generó que el tribunal manifestara su "seria preocupación" ante lo que, según consideró, podría constituir una afectación a la independencia del Poder Judicial.
"Frente a la media sanción -acotó la Cámara- debe distinguirse debidamente entre un sistema 'especial' y otro 'privilegiado'", ya que éste último está integrado por normas previsionales en las que prácticamente no se prevén requisitos referidos a la cantidad de años de servicios con aportes o de edad para la obtención de la jubilación".
