El bloque justicialista en la Cámara de Diputados insistirá hoy en sesión especial con el debate de las acusaciones contra los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia, en la búsqueda de desestimar la alternativa de iniciar un juicio político a los miembros del tribunal.
El justicialismo intentó durante toda la semana persuadir al bloque radical de que baje al recinto y permita formar quórum con el objetivo de definir la situación de los jueves de la Corte, debate que los legisladores oficialistas consideran "prioritario" en la agenda parlamentaria y política. Sin embargo, la UCR adelantó que no sentará a sus legisladores en las bancas hoy, a pesar de la presión de algunos gobernadores radicales para que el bloque acuda a la sesión pedida por el justicialismo.
Hasta el momento, sólo tres legisladores de la UCR habrían expresado su intención de asistir a la sesión que decidirá si se prosigue con el juicio a la Corte, en el marco de una reunión convocada por el presidente de la bancada Horacio Pernasetti, para discutir la postura estratégica del radicalismo.
"No vamos a concurrir a la sesión", dijo Pernasetti en declaraciones formuladas al ingresar al Comité Nacional de la UCR, en Alsina y Entre Ríos, para participar de un encuentro partidario con el objetivo de discutir la cuestión. El encuentro presidido por el titular del partido, el gobernador chaqueño Angel Rozas, fue convocado para unificar una postura y definir la estrategia frente a la insistencia del PJ en que se debata la posibilidad de juicio político a la Corte.
El jueves pasado, la bancada oficialista fracasó en su intento de reunir quórum para habilitar el debate acerca de las acusaciones que pesan sobre los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia. El motivo del fracaso fue la ausencia de un sector del propio bloque peronista, de los diputados radicales y de los legisladores del ARI que impidió el análisis de la cuestión en el recinto.
Puntualmente a la sesión concurrieron 77 justicialistas, 13 provinciales, 4 cavallistas y otros cuatro diputados de partidos minoritarios.
En el bloque PJ, según confirman los propios diputados, salvo el grupo que responde al gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner y unos pocos delasotistas, el resto está por archivar el juicio político al máximo órgano de justicia de la Argentina. Si consigue el quórum de 129 diputados, el oficialismo no tendría mayor inconveniente en desactivar los pedidos de juicio político ya que la oposición necesita reunir los dos tercios de los votos para continuar con las acusaciones, número que no puede reunir y por eso retacea la presencia.
De los precandidatos justicialistas, las posiciones varían, pero Carlos Menem y Néstor Kirchner expresan las posiciones más encontradas, ya que mientras el riojano reclama que el Congreso clausure el juicio político y el mandatario de Santa Cruz asegura que los ministros del alto tribunal "se tienen que ir" porque "sus movimientos hacen recordar a las corporaciones cuasi mafiosas".
"Tenemos que respetar las instituciones. Los sectores que vienen insistiendo con el juicio a la Corte lo que han conseguido es poner en la picota a uno de los poderes del Estado. Y ahora, después de una campaña mediática, se niegan a debatir en el Congreso lo que ellos mismos reclamaron", sostuvo Menem.
Kirchner, en cambio, prometió que convocará a una "consulta popular no sólo para la caducidad de todos los mandatos electivos, sino también para decidir el destino de los integrantes de la Corte", como parte de un plan que ejecutaría en los primeros 40 días de su hipotético gobierno. "Soy partidario de que se lleve adelante el juicio a la Corte Suprema de Justicia dentro del marco institucional. A la Corte no le creo nada y sus miembros se tienen que ir", remarcó el mandatario patagónico.
Adolfo Rodríguez Saá dejó trascender entre sus más íntimos colaboradores que "con el tema de la Corte hay que analizar caso por caso", pero "no hacer una cuestión general" llevando a juicio a todos los ministros del alto tribunal.
La postura de Rodríguez Saá es muy crítica del impulso político que le dio al espinoso tema la diputada del ARI Elisa Carrió, precisamente una de sus más fuertes adversarias en la carrera presidencial.
A su vez, José Manuel de la Sota se quejó de que "es muy difícil fortalecer las instituciones en la Argentina cuando se observan actitudes de extorsión entre la Corte Suprema y los poderes Ejecutivo y Legislativo".
Se sabe que el mandatario cordobés es de la idea de volver a una Corte integrada sólo por 5 miembros en lugar de los 9 actuales, a través de "una consulta popular que proponga una reforma institucional" y, dentro de ella, una disminución de los ministros del alto tribunal.