La senadora Malvina Seguí instaló con fuerza el debate sobre el supuesto pedido de coima que habrían recibido algunos banqueros para detener una ley, y solicitó una serie de medidas para que se investigue de dónde surgieron los rumores que la involucraban.
Como consecuencia de su exposición, el Senado aprobó una manifestación de repudio a las versiones que involucran al cuerpo en el supuesto incidente.
Seguí le entregó al presidente provisional del Senado, Juan Carlos Maqueda, una nota requiriendo información sobre "la existencia de un lobbista de la Asociación de Bancos de la Argentina". Se trata de Carlos Bercum, sobre quien Seguí sostiene que "habría participado en reuniones con banqueros solicitando 'coimas' para detener el trámite parlamentario del proyecto de ley que propicia la creación de la Comisión Nacional de Trabajo Bancario".
En ese sentido, la legisladora reclama a Maqueda información sobre Bercum, "si es integrante de la planta de personal" del Senado y si la respuesta es afirmativa aclarar si lo hace en carácter transitorio o permanente y la categoría que reviste.
"En el supuesto de que el señor Carlos Bercum no revistiera el carácter de personal de planta se indicará si ha sido contratado por el cuerpo, consignando el objeto del contrato, plazo y retribución", agrega. Además, la legisladora tucumana pidió que, si Bercum no revistiera carácter de personal del Senado "se indique si existen constancias que acrediten su ingreso a dependencias del Senado y personal que autorizó su entrada y permanencia en la casa".
En su dura intervención en el recinto, Seguí se consideró una "persona agotada por la calumnia" y relacionó las versiones que la relacionaban con el pedido de coima a su trabajo en la comisión investigadora de entidades financieras. Pero la senadora fue más allá, al mencionar en el recinto que antes de divulgar ese informe el presidente de su bloque, José Luis Gioja, la fue a ver a su despacho para decirle que tuviera "cuidado" con lo iba a decir porque "hay una sospecha sobre nosotros".
"También me dijo que creía que se originaban en el hecho de que algunos senadores se hallaban manteniendo conversaciones con banqueros y que esas conversaciones se habían realizado afuera del Senado y que él les había sugerido que se realizaran en este Senado", agregó.
Además, dijo tener sospechas de que la versión que la vinculaba al incidente "salió de este Senado" y reclamó que el cuerpo se declarara en comisión para analizar su cuestión de privilegio.
Fuentes allegadas a la parlamentaria indicaron que Seguí concurrirá hoy a los juzgados de Comodoro Py 2002, de esta capital, con el propósito de "sugerir una serie de diligencias que redundarán en beneficio de la investigación". Sin embargo, los informantes no revelaron el contenido de las diligencias que Seguí le propondrá al juzgado, -y al secretario Nelson Vicente-, aunque manifestaron que se trata de "elementos que seguramente servirán para el avance de la causa".
El juez federal Claudio Bonadío tramita este expediente iniciado por denuncias de la legisladora -al que luego se sumó otro presentado por el propio Senado- en base a una publicación del Financial Times, en la que se advertía del "malestar" que había provocado en un grupo de banqueros extranjeros un supuesto pedido de coimas para "no avanzar" en el tratamiento de esa ley.
Se trata de un proyecto del senador nacional por Catamarca Luis Barrionuevo que proponía la creación de un fondo de desempleo con el 2 por ciento de los intereses que los bancos cobraban a sus clientes y que, finalmente, obtuvo la media sanción legislativa.
En esta causa, Bonadío le solicitó la "colaboración" a los embajadores ingleses y norteamericano, Robin Christopher y James Walsh, respectivamente, para que informen sobre eventuales reuniones que habrían mantenido con banqueros, en las éstos que les habían transmitido esa preocupación.
El director ejecutivo del HSBC, Emilio Cárdenas, declaró como testigo ante el juez federal Claudio Bonadío y si bien desconoció pedidos de soborno al sector, admitió haber participado de reuniones en las que se mencionaron los pormenores del trámite parlamentario de esa ley. Según refirió, esa mención se hizo en el marco de encuentros "periódicos" de banqueros en los que se habló del proyecto de ley pero no se mencionó que hubiera pedidos de coimas, según indicaron fuentes tribunalicias.
Cárdenas, de esa manera, coincidió con las declaraciones que ayer efectuó el banquero Manuel Sacerdote, del BankBoston, en el marco de esta causa.
A partir de hoy comenzarán a declarar otros banqueros: Guillermo Cerviño, presidente del Comafi; Juan Martín Echegoyen del Galicia; el titular del Banco de la República Oriental del Uruguay, Radamés Couste, y Julio Macchi, del Banco de Valores.
El vicepresidente del Senado, Marcelo López Arias, reclamó un "rápido esclarecimiento" de las versiones sobre presuntos pedidos de coimas para frenar una ley en la Cámara Alta y reclamó que la Justicia cite a quienes sea necesario para dilucidar el tema.
"Hay que tratar de esclarecer rápidamente este tema. Todo lo que haya que investigar, hay que hacerlo y que citen a todos los que haya que citar", enfatizó López Arias en declaraciones radiales. De todos modos, el legislador salteño se quejó por las "acusaciones genéricas sin precisiones" porque en tal caso "se termina tiñendo de culpabilidad a inocentes y a culpables y esto no es bueno para las instituciones de la República".
"Lo que se crea son climas de zozobra", consideró López Arias, quien instó al periodista Thomas Catan -quien publicó la primera nota sobre el caso de las presuntas coimas en el diario The Financial Times- a "avanzar en la investigación".
A su vez, el senador por Fuerza Republicana Pablo Walter afirmó que "algo pasó" en la Cámara alta en relación a un presunto pedido de coimas a banqueros para frenar la aprobación de una ley. "Yo no soy de los que se creen que esta es una maniobra de los sectores afectados. Acá algo pasó", enfatizó Walter, y consideró que "si no, el Financial Times no va a sacar" artículos al respecto.
El legislador tucumano adelantó, en declaraciones a Radio 10, que "si existe la más mínima prueba" sobre un supuesto pedido de sobornos va a solicitar "inmediatamente la expulsión del senador o senadora involucrada y la anulación de la ley respectiva".