La propuesta de devolver el expediente en revisión que el martes habían firmado los miembros de la comisión de Juicio Político fue motivo de negociaciones políticas entre las diferentes bancadas. Sin embargo, esas discusiones no llegaron a buen puerto ante la intransigencia de ambas partes que se negaban a aceptar la propuesta rival: la oposición quería imponer el regreso del dictamen a comisión y el oficialismo pugnaba por votar una preferencia para tratar el tema con prioridad en la próxima sesión.

Si bien el oficialismo no pudo llegar al piso mínimo de 129 diputados, lo cierto es que en la sesión de ayer pudo exhibir 111 legisladores con la ayuda de provinciales y cavallistas, y espera el miércoles acercarse al número mágico que le permita comenzar a transitar el camino para rechazar la acusación. La cantidad de diputados sentados en sus bancas le permitió al justicialismo demostrar a la oposición que estaba en condiciones de ganar la pulseada para establecer la fecha de tratamiento de la acusación, teniendo en cuenta que había en el edificio del Congreso un total de 150 legisladores.

Por eso buscó en el transcurso de la frustrada sesión tender un puente con los radicales al proponer que se discuta la moción de vuelta a comisión de los dictámenes, que ayer formalizó junto a los diputados del ARI y del justicialismo del grupo "Talcahuano".

El presidente del bloque del justicialismo, Humberto Roggero, planteó que esa bancada "no tenía problemas para discutir que la propuesta pase a comisión", pero reclamó terminar con esta política de "andar a las escondidas detrás de las cortinas o en los pasillos".

"Son oráculos de la crítica, de la incapacidad, de la falta de ideas", señaló Roggero al referirse a los legisladores de la oposición, en especial de la UCR y el ARI.

Mientras Roggero hacia su discurso, varios diputados estaban en Pasos Perdidos, entre los que figuraban los justicialistas del grupo Talcahuano Sergio Acevedo -presidente de Juicio Político-, Julio Gutiérrez, y otros que responden al proyecto del puntano Adolfo Rodríguez Saá, como María Rico y Nélida Morales. Pero los radicales no aceptaron el convite de Roggero y reclamaron por medio de una nota una reunión de Labor Parlamentaria para fijar un nuevo temario donde figuren la moción de girar a comisión los nueve dictámenes, el nuevo mecanismo de actualización de las cuotas (CER), y el pago con bonos de las deudas bancarias.

En ese contexto, el presidente la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño anticipó que no había problemas para incorporar estos puntos al temario de la sesión, pero el radicalismo no se hizo presente en el pleno del cuerpo y derivó en el fracaso de la sesión.

Con visible malestar, Camaño anunció que levantaba la sesión que venía del cuarto intermedio de la semana pasada porque no hubo respuesta a su propuesta de los bloques parlamentarios y anunció que también iba a haber en esta jornada. También lanzó severas críticas el provincial Alberto Natale a justicialistas y radicales por no poder enhebrar un acuerdo para destrabar esta situación y advirtió de la gravedad de la situación que hoy se está planteado "con un Congreso que no funciona y una Corte en el banquillo de los acusados".

Además existieron otras expresiones en minoría provenientes del cavallista Guillermo Alchourrón, del democráta progresista Rafael Martínez Raymonda, Daniel Essain del Partido Fiscal, y de los justicialistas Mirta Rubini -quien calificó de "cobardes" a los radicales- y el correntino Rodolfo Martínez Llano.

Para el justicialismo se ha convertido en una necesidad imperiosa desactivar el juicio político debido a que la Corte Suprema esgrime como una espada de Damocles la posibilidad de fallar contra la pesificación dispuesta por el gobierno de Eduardo Duhalde.

Sin embargo, el radicalismo, el ARI, un grupo de peronistas disidentes y los partidos de izquierda se niegan a que el justicialismo entierre definitivamente el trabajo realizado por la comisión de juicio político. Esto es así debido a que esas fuerzas no reúnen los dos tercios de los votos de los diputados presentes que se necesitan para aprobar la acusación y trasladar el expediente al Senado, que en estos casos oficia de cámara de sentencia.

Por su parte, la diputada por el ARI Elisa Carrió defendió la posibilidad de que el dictamen acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia vuelva a la Comisión de Juicio Político y señaló que la cámara baja "no puede votar en medio de extorsiones".

"Estamos tratando de que mejoren las condiciones institucionales, no se puede votar en medio de extorsiones", enfatizó Carrió.