El Senado aprobó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para que los créditos originariamente pactados en pesos no sean actualizados por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), ratificando así un decreto del Poder Ejecutivo.
El proyecto reafirma el decreto 762/02 dictado el 6 de mayo pasado, que basándose en un proyecto de ley sancionado por el Congreso el 14 de marzo, exceptuó de la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) a determinados créditos. La propuesta original del Senado planteaba la actualización de los créditos hipotecarios en dólares reemplazando el CER por el CVS, pero el mencionado decreto dispuso que los préstamos personales con o sin garantía hipotecaria originalmente convenidos en pesos hasta la suma de 12.000 pesos y préstamos personales con garantía prendaria originalmente convenidos en pesos hasta la suma de 30.000 pesos, también se actualicen por el CVS.
Con el proyecto aprobado ayer, se evita que esos créditos originariamente pactados en pesos sean actualizados de acuerdo a ese coeficiente.
En otro orden, se aprobó un proyecto de resolución por el cual se le solicitó a la Cancillería que le traslade la inquietud a los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña para que aclaren un supuesto pedido de soborno de legisladores argentinos a banqueros de esos países.
Un texto de características bastante más atenuadas que las del texto original el Senado decidió pedir la colaboración de los diplomáticos de los países mencionados para esclarecer los hechos que alcanzan al Parlamento argentino.
La senadora Malvina Seguí (PJ-Tucumán) dijo que existe "una sospecha sobre las instituciones de la República" y que "este Senado no puede ni debe tener otra preocupación que la de reestablecer su honorabilidad". Seguí fue señalada por parte de la prensa nacional como la supuesta ejecutante de un pedido de sobornos para "frenar" una ley que perjudicaría a los intereses del sector financiero.
Asimismo se aprobaron dos proyectos de resolución por los cuales se expresa que sería ilegal que la Argentina pague los vencimientos de la deuda externa con reservas y que se debería poner en vigencia un nuevo mecanismo de renegociación.
El primero de los proyectos fue presentado por el senador santafesino Oscar Lamberto y acompañado por el presidente de la bancada justicialista, José Luis Gioja y por el rionegrino Miguel Angel Pichetto. Si bien esta aprobación no resulta vinculante para el Poder Ejecutivo, constituye un hecho político que tampoco se puede omitir.
El segundo proyecto, presentado por Raúl Baglini (UCR-Mendoza), propone a los organismos la puesta en vigencia de nuevos mecanismos de pago para países en default basándose en la ley de insolvencia de los Estados Unidos. "Hay que hacer una interpretación más realista y equitativa del problema de la deuda la historia económica, no menos que la historia de los acreedores actuales, nos enseña que la reducción de las deudas económicamente y en último término inevitable", remarcó el senador mendocino.
En este sentido agregó que "sólo queda por preguntarse cuánto tiempo va a tomar, y cuanto sufrimiento humano están preparados para permitir quienes tomas decisiones, antes que las obligaciones de los países deudores lleguen por fin a equipararse con su capacidad de pago".
Paralelamente, se aprobó y giró a la Cámara de Diputados los proyectos de ley por los cuales se crean las universidades nacionales de Chilecito, en la provincia de La Rioja, y de Junín, en Buenos Aires. El texto de la creación de la Universidad de Chilecito, impulsado por el senador Jorge Yoma, dice que esta nueva sede académica "gozará del mismo régimen jurídico establecido para las otras universidades nacionales del país".
El texto establece que "hasta tanto elija sus autoridades definitivas, las atribuciones conferidas por la ley de Educación Superior al rector organizador serán desempeñadas por el funcionario que al momento de la sanción de la presente cumpla las funciones de decano en la Universidad Nacional de La Rioja (Unlar).
