El juez Claudio Bonadío realizó una serie de allanamientos en las casas centrales del Citibank, el HSBC, el Bank Boston y asociaciones de bancos extranjeros y nacionales para secuestrar documentación en el marco de la causa en la que se investiga un supuesto pedido de coimas a banqueros por parte de senadores nacionales.
Los allanamientos también se realizaron en las sedes de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), la Asociación de Bancos Privados (ABAPRA) y las oficinas de Carlos Bercún, quien aparece mencionado como uno de los intermediarios que, en representación de senadores, habría exigido coimas a un grupo de banqueros para frenar la sanción de una ley que perjudicaría sus finanzas. Esas medidas fueron solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuán, quien pretendía que se secuestraran las agendas de varios banqueros que participaron de reuniones con embajadores en las que habrían manifestado su preocupación por el supuesto pedido de coimas.
En el marco de la investigación, el periodista Thomas Catán presentó una acción de amparo ante la Cámara Federal contra una resolución judicial que, presuntamente, habría ordenado un seguimiento sobre sus llamadas telefónicas. La presencia del cronista en los tribunales fue coincidente con la visita que los senadores nacionales Cristina Fernández de Kirchner y Eduardo Moro, que prestaron declaración ante Bonadío.
Mediante un escrito de 14 carillas, el corresponsal del diario londinense Financial Times que hizo público el presunto pedido de dinero solicitó a la Sala II de la Cámara que le ordene a Bonadío la suspensión de un pedido del listado de llamados de su teléfono. Hace unos días, el periodista había hecho una presentación similar en el juzgado, pero ante la publicación hoy de una nota en el diario La Nación en la que se da por sentado que el juez pedirá a las compañías telefónicas los llamados entrantes y salientes de su celular, decidió recurrir a un tribunal de alzada.
Los abogados Hugo Wortman Jofre y Santiago Vegezzi explicaron que con esa medida se estaría afectando el "secreto de las fuentes de información periodística" y se violarían derechos contemplados en la Convención de los Derechos Humanos.
"Si bien durante la declaración testimonial que presté ante ese magistrado se respetó mi derecho constitucional a no revelar las fuentes de información, es claro que la medida atacada en esta presentación podría introducir por la ventana lo que no puede entrar por la puerta", se quejó el periodista.
A propósito de esto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su "preocupación" por los rumores de que un juez ordenaría registrar el suministro de llamadas efectuadas por el periodista inglés Thomas Catán. ADEPA sostuvo que "una decisión judicial de esa naturaleza (la causa la lleva el juez Claudio Bonadío) desconocería el secreto profesional periodístico que garantiza el artículo 43 de la Constitución Nacional".
La entidad periodística consideró que "la garantía del secreto profesional reafirma la vigencia de una actividad periodística libre y del derecho a la información de la ciudadanía que se traduce en el derecho inviolable del periodista a no revelar sus fuentes informativas".
"En modo alguno es aceptable, al menos en un Estado de Derecho, que para iniciar una investigación judicial se sacrifique el secreto de la fuente informativa porque significaría desconocer formas emanadas de la ley fundamental (la Constitución) y de los tratados internacionales de derechos humanos", recalcó ADEPA.
Por su parte, los parlamentarios le ofrecieron al magistrado toda la "documentación" y "testimoniales" obrantes en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, que sigue el tema, entre ellas la versión taquigráfica del encuentro que mantuvieron con el canciller Carlos Ruckauf.
En diálogo con los periodistas acreditados en los tribunales de Comodoro Py 2002, Fernández de Kirchner expresó, no obstante, su "escepticismo" sobre el avance de la causa judicial ya que "aquí nadie habla" y los banqueros, dijo, "permanecen en silencio". De esa manera, la legisladora nacional aludió a los dichos de los responsables de los bancos que, en forma coincidente y al declarar en calidad de testigos ante el juez, negaron haber sido víctimas de intentos de sobornos.
Otras fuentes tribunalicias señalaron que el magistrado dispuso además el allanamiento de las oficinas de Carlos Bercun, un "lobbista" que, según algunas versiones periodísticas, aparecería involucrado en las maniobras que se investigan.
Bercun, a través de un escrito presentado por su defensor Zenón Ceballos, se puso a disposición de Bonadío mediante un fax enviado desde Londres -donde está actualmente- en el que expresa su "profunda sorpresa" por haber sido aludido "en un tema que versa sobre presuntas irregularidades vinculadas a banqueros en la Argentina".
En el marco de la misma causa, el miércoles declaró el vicepresidente del Citibank, Carlos Alberto Giovanelli, quien admitió haber compartido con otros banqueros preocupación por un proyecto de ley en cuestión aunque negó saber de pedidos de "coimas" por parte de senadores para "frenar" ese debate parlamentario. Giovanelli sumó su testimonio al que, en forma coincidente, prestaron otros banqueros y directivos de entidades crediticias ante Bonadío, quien ya recibió la versión taquigráfica de la sesión de la comisión de Investigación del Congreso en la que se trató el tema de los supuestos pedidos de "coimas" a banqueros.
La causa se inició ante la denuncia formulada por la senadora nacional Malvina Seguí, a partir de la publicación en el Financial Times del supuesto pedido de dinero a banqueros para trabar proyectos de leyes que aparecen como perjudiciales para las entidades crediticias.
En ese artículo, Catán indicó que hubo una reunión entre un grupo de banqueros extranjeros con los embajadores de Estados Unidos, James Walsh y su colega británico, Robin Christopher, el 16 de agosto último, donde se trató el supuesto cohecho.
