El bloque justicialista se quedó a tan solo dos diputados de alcanzar el quórum y habilitar el debate del dictamen acusatorio contra la Corte Suprema, luego que la oposición decidiera dar marcha atrás en su estrategia de impulsar el regreso a comisión del expediente ante la certeza de que perdía la votación.
La sesión comenzó a caerse poco después del mediodía, cuando en la reunión de bloque varios diputados justicialistas manifestaron su decisión de dar marcha atrás con el compromiso que habían asumido de apoyar la moción de regreso a comisión del expediente. Fueron los representantes de San Luis y de Santa Fe los primeros en dar un paso al costado, lo que provocó la airada reacción de la oposición y de los díscolos del PJ que apoyan la acusación contra los nueves jueces del alto tribunal.
Ahí fue que el titular de la Comisión de Juicio Político, Sergio Acevedo, decidió retirar su moción para evitar así una casi segura derrota en la votación. Es que según el acuerdo al que habían llegado el viernes último peronistas y radicales, la sesión se iba a convertir en una pulseada entre quienes querían el retorno a comisión y los que pretendían votar el expediente.
La sesión se frustró por la ausencia de los radicales, del ARI y de una docena de diputados peronistas disidentes que se rehusaron a dar el debate ante la perspectiva de una derrota de la moción de pase a comisión, que habían impulsado para mantener latente el enjuiciamiento al tribunal.
El cambio de actitud de la UCR fue criticada con dureza por el presidente del bloque del PJ, Humberto Roggero, quien acusó al radicalismo de "no cumplir con su palabra" pese a que "habíamos aceptado discutir la moción de pase a comisión a suerte y verdad" y aseguró que "no tuvieron sentido de responsabilidad". Ahora, el justicialismo enfrentará el nuevo escenario la próxima semana con la certeza que podrá sentar 129 legisladores, ya que ayer sólo faltaron dos -asistieron 102 peronistas- y es probable que puedan concurrir tres que hoy se encuentran de licencia por enfermedad u otros motivos, como Héctor Cavallero, José Díaz Bancalari y Marta Meza.
La expectativa estará puesta en la sesión del próximo miércoles, para la cual ya se preparan el oficialismo y la oposición para dar el debate de fondo sobre la acusación, porque todos tienen la certeza que el justicialismo podrá reunir el quórum y habilitar la sesión.
El bloque institucional conformado en torno a la Comisión de Juicio Político no tenía los números para imponer su propuesta de pase a comisión, según reconoció el peronista disidente Sergio Acevedo, quien denunció presiones de los gobernadores para revertir la postura de algunos legisladores. La certeza que los números no estaban de su parte hizo desistir a los propios impulsores de la acusación de avanzar con su pedido de pase a comisión y reafirmar su estrategia de las sesiones anteriores de no dar quórum para debatir el juicio a la Corte.
La decisión adoptada en una reunión de la Comisión de Juicio Político realizada cerca del mediodía fue plasmada en una nota que firmó Acevedo, aunque su texto generó algún resquemor de los radicales porque se hablaba de instrucciones de los gobernadores para asistir a la sesión.
La nota decía que "gobernadores de todos los signos partidarios, por razones que hacen a las finanzas de sus provincias u otras consideraciones políticas, instruyen a los diputados a que voten archivando la cuestión o habilitando el tratamiento a fin que el tercio de los presentes archive las actuaciones y consagre la impunidad". De hecho, Acevedo afirmó que hubo 10 peronistas que cambiaron su voto a pedido de sus gobernadores, aunque los involucrados como los puntanos y algunos santafesinos desmintieron presiones y aseguraron que concurrieron porque consideraban que se debía tratar el juicio a la Corte.
En ese sentido, siete diputados puntanos encolumnados con el precandidato presidencial Adolfo Rodríguez Saá dieron a conocer un documento, en el que consideraron "imprescindible" que el cuerpo de tratamiento "inmediato" al juicio político a los miembros del Máximo Tribunal. También los radicales rechazaron presiones en un documento donde afirman que la UCR ha "mantenido con absoluta coherencia una posición desde el inicio de este proceso, que en forma alguna puede ser puesta bajo sospecha, en el sentido de ser funcional a garantizar la impunidad de los miembros de la Corte".
Pernasetti, además, denunció la "fuerte presión" ejercida por el ex gobernador de San Luis, Rodríguez Saá, y por los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe y de Santa Cruz "para que sus diputados no participen de la sesión de esta tarde".
"No vamos a dar quórum ni a debatir en ninguna sesión que consagre la impunidad de la Corte", remarcó Pernasetti, al tiempo que advirtió que "si hay quórum, bajaremos (al recinto), pero el quórum que lo junten ellos", los diputados peronistas. Pernasetti recordó que la UCR solicitó a los principales líderes del espectro político argentino que manifestaran su posición con respecto al juicio a la Corte.
"Lamentablemente no contestaron, pero hoy sabemos cómo piensan: Rodríguez Saá retira a sus diputados y plantea la posibilidad de la impunidad; De la Sota plantea también la no presencia de sus diputados, y Reutemann está asumiendo esa misma posición. Incluso Kirchner está cambiando de posición", sostuvo Pernasetti.
En ese contexto, se llegó a la reunión de Labor Parlamentaria donde el oficialismo anunció que se iba a sentar en sus bancas para conseguir el quórum, y así lo hizo alcanzando 127 diputados, dos menos que el piso para habilitar el tratamiento del dictamen.
En las dos horas de larga espera para juntar el quórum abundaron las expresiones en minoría y allí Humberto Roggero se quejó de la actitud de la UCR, lo mismo que sus colegas Arnaldo Lamisvosky, Manuel Baladrón, mientras que otros que apoyan la acusación como el santafesino Angel Baltuzzi y Luis Cicogna también objetaron a sus colegas.
