En un escándalo que puede repetir en la Cámara baja el tembladeral desatado en el Senado, los diputados justicialistas del denominado Grupo Talcahuano denunciaron ayer que colegas de su bancada cobran "sobresueldos" que van de "1.000 a 2.000 pesos".
La denuncia fue presentada por los diputados justicialistas Sergio Acevedo (Santa Cruz), Ricardo Falú (Tucumán), Gerardo Conte Grand (Capital Federal), Julio Gutiérrez (Santa Fe), Mónica Kuney (Santa Cruz) y Ricardo Gómez (Buenos Aires), impulsores del juicio político contra la Corte Suprema. Sin embargo, en el comunicado donde difundieron la denuncia, el grupo buscó desvincularla del conflicto por los dictámenes acusatorios contra los magistrados.
A través de una nota, los legisladores aseguraron que el jefe del bloque justicialista, Humberto Roggero, manifestó "a distintos diputados que habría un emolumento mensual adicional a los ingresos que tenemos los legisladores".
"Desde hace meses venimos requiriendo información sobre posibles pagos que se hayan realizado a algunos diputados, que no surgirían de partidas presupuestarias de la Cámara ni contarían con el respaldo del recibo correspondiente", relataron en el comunicado. "Dichos trámites -agregaron- se vienen cumpliendo con el presidente de la Cámara, Eduardo Camaño, y el presidente del bloque justicialista, Humberto Roggero".
El jefe de la bancada oficialista rechazó mediante sus voceros la existencia de "sobresueldos", pero reconoció la entrega de unos 800 pesos por diputado, en todos los bloques de la Cámara, para "gastos administrativos".
Conte Grand afirmó al presentar la denuncia que los presuntos sobresueldos pagados serían de "mil a dos mil pesos". Los denunciantes advirtieron que no "afirmaron ni les consta" los "trascendidos periodísticos", según los cuales habrían habido "incentivos económicos indebidos para lograr la asistencia de algunos diputados a la sesión de ayer (por el miércoles)".
"Consideramos que las ausencias y presencias de la sesión de ayer se deben a las convicciones propias de cada diputado o a sus razones o conveniencias políticas", enfatizaron.
Por su parte, el diputado justicialista Oraldo Britos admitió que en el Congreso "se escuchó" una "versión" sobre supuestos ofrecimientos de dinero a legisladores para que participaran de la sesión finalmente frustrada, para tratar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, pero desestimó que sea veraz. "Esta versión ayer a la tarde sí se escuchó en el Congreso. Pero ahora habría que ver de dónde nace esta versión, porque a mí me pareció que trataron, de alguna manera, de tirar la sesión abajo", enfatizó Britos ante una consulta.
Asimismo, Britos rechazó que los tres diputados justicialistas puntanos -quienes se sentaron en sus bancas para participar de la sesión que finalmente fracasó- hayan cambiado de posición el miércoles, tal como señalaron legisladores de la oposición. "Hemos concurrido a todas las sesiones. No sé de dónde surgió esa versión de que habíamos cambiado de posición", puntualizó el diputado por San Luis. Según distintas versiones, la frustrada sesión comenzó a caer cuando en una reunión de bloque, varios diputados justicialistas manifestaron su decisión de dar marcha atrás con el compromiso que habían asumido de apoyar la moción de regreso a comisión del expediente contra la Corte.
