La Cámara de Diputados protagonizará esta semana una maratónica sesión donde el oficialismo buscará sepultar el juicio político a los nueve ministros de la Corte Suprema, en un debate que será histórico dado que es la primera vez en los últimos cincuenta años que se tratará el enjuiciamiento a una de las cabezas de los tres poderes del Estado.
La crucial reunión del pleno de la Cámara para definir la suerte del máximo tribunal de la Nación está prevista para este miércoles, pero siempre supeditada a que el justicialismo garantice junto a cavallistas y provinciales tener sentados en sus bancas los 129 diputados para habilitar la discusión del dictamen. Esto es así porque los promotores de la acusación integrada por peronistas disidentes, ARI, Frepaso y el radicalismo reclaman al oficialismo que asuma la responsabilidad de formar el quórum, aunque en la UCR existe una corriente cada vez más fuerte en desistir de esta estrategia que impidió el tratamiento del juicio político.
De todas maneras, la convicción del oficialismo y la oposición es que habrá sesión porque el justicialismo ya tiene garantizado la asistencia de más de un centenar de legisladores, como sucedió la semana pasada cuando estuvo al borde del quórum propio, y sólo le faltaron para alcanzar ese objetivo la presencia de dos legisladores.
A todo esto, la candidata presidencial por Alternativa para una República de Iguales (ARI), Elisa Carrió, anunció que en diciembre lanzará de lleno su campaña electoral, y reiteró sus críticas hacia los "diputados disciplinados, que si no revisan sus conciencias permitirán que los miembros de la Corte Suprema consigan impunidad".
"Como dice la ley, nosotros lanzaremos nuestra campaña de lleno 90 días antes de las elecciones. Nuestros opositores dicen que Lilita lucha contra la corrupción pero no tiene propuestas. Nosotros sí las tenemos, pero díganme cuál precandidato ya las ha hecho conocer", afirmó Elisa Carrió.
Tanto oficialistas como opositores comenzaron en los últimos días a delinear la estrategia que desplegarán en estas jornadas -se habla de dos o tres días- teniendo en cuenta que el final previsible será sepultar definitivamente el juicio que se abrió a fines de enero, en medio de un fuerte enfrentamiento entre los jueces y el poder político por el fallo del corralito.
El justicialismo llega a la sesión del miércoles con la tranquilidad de tener los 85 votos necesarios para impedir que pueda prosperar ante el Senado la acusación contra los nueve jueces del tribunal, y así poder mandar al archivo el voluminoso expediente de cinco mil fojas diseñado por la comisión de Juicio Político. En este escenario, las autoridades del bloque no están preocupadas por la defensa del rechazo del dictamen que estará esencialmente en manos del menemismo, sino por asegurar la presencia de más de un centenar de diputados para habilitar el debate y que mantengan su voto favorable al rechazo del dictamen contra los jueces, informaron fuentes parlamentarias.
La defensa central de los ministros del tribunal recaerá en el menemismo que tiene tres dictámenes de minoría que corresponden a Alejandra Oviedo, Manuel Baladrón y Enrique Tanoni.
Oviedo planteará "la nulidad de todo lo actuado por cuestiones de forma y procedimiento", que a los jueces "no se los puede juzgar por sus sentencias", y que en el caso de la embajada de Israel los "jueces han sido juzgados en otro pedido de juicio político". En cambio, los impulsores de la acusación que armaron el bloque institucional en torno a la comisión de Juicio Político -encabezada por el peronista Sergio Acevedo- buscarán ante la imposibilidad de reunir los dos tercios para imponer su postura, ganar la batalla en la opinión pública para demostrar que tenían los argumentos para imponer su postura.
Acevedo abrirá el debate central que se hará en base al dictamen donde se promueve el juicio político al presidente del tribunal Julio Nazareno, quien cosecha la mayor cargos en su contra (44), aunque para determinar si habrá acusación o rechazo la discusión se hará juez por juez.
También plantearon cargos a los jueces por su desempeño en la declaración de inconstitucionalidad del inciso 4 del articulo 99 de la Constitución que obliga a los jueces mayores de 75 años a pedir autorización al Senado para seguir en el cargo, la no aplicación de la ley de Etica Publica en cuanto a la difusión de sus declaraciones juradas, y el manejo administrativo del tribunal.
