La Cámara de Diputados tratará finalmente hoy el juicio político a la Corte Suprema, ya que el oficialismo tiene asegurado el número necesario para iniciar el debate en el recinto.
El justicialismo intentará levantar la sesión especial prevista para el tratamiento del CER y agrupar todo en un único encuentro. De esa forma, el oficialismo quiere elevar la presión para conseguir que la UCR se siente en el recinto y garantice el quórum de 129 legisladores presentes; los radicales, en cambio, quieren separar ambas sesiones.
Será una sesión histórica, porque es la primera vez desde 1946 que se trata en el pleno del recinto el enjuiciamiento a la totalidad del máximo tribunal de la Nación, una de las cabezas de los tres poderes del Estado. El debate será maratónico, pero con un final previsible dado que el justicialismo tiene los diputados para asegurar el quórum de 129 y los 85 votos para impedir que prospere la acusación ante el Senado contra los nueve ministros de la Corte Suprema.
El diputado justicialista salteño Juan Manuel Urtubey aseguró que el oficialismo obtendrá el quórum para realizar hoy la sesión para debatir el juicio a la Corte con la ayuda de una veintena de provinciales y media docena de legisladores de Acción por la República. De hecho, el oficialismo estuvo la semana pasada al borde del quórum y ahora tiene garantizado ese número, porque se sumarán a los 102 diputados propios el entrerriano Julio Solanas y la formoseña Martha Meza, y jurarán en una sesión especial previa Diego Santilli, Inés Pérez Suárez y Aníbal Fernández.
Claro que para llegar a esta instancia hubo cinco intentos infructuosos del oficialismo y ahora puede alcanzar su meta para dar un punto final a la investigación sobre la conducta de los jueces que se abrió en febrero, que tuvo como disparador el fallo de la Corte declarando inconstitucional el corralito.
El presidente Eduardo Duhalde reclamó que los diputados definan hoy si avanzarán o no en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, al tiempo que negó que se realicen gestiones para lograr la renuncia de algunos de los integrantes del alto Tribunal. Duhalde instó a que hoy haya sesión por el tema de la Corte en la Cámara de Diputados, al advertir una vez más que "no se puede tener a un poder del Estado permanentemente sentado en el banquillo de los acusados".
"Yo no estoy seguro de que haya tratamiento, de todos modos creo que debe haberlo", puntualizó Duhalde, al ser consultado sobre las posibilidades de que hoy haya finalmente sesión en la Cámara baja. "Demasiados problemas tiene la Argentina como para que el Presidente tenga que estar ocupándose del problema de los legisladores o de los jueces", enfatizó.
Volviendo al panorama previsto para hoy, el ARI, los diputados disidentes enrolados en el grupo Talcahuano, el Frepaso y el radicalismo mantienen su política de retacear el quórum e ingresarán en el recinto cuando el justicialismo haya llegado al piso de 129 diputados. En cambio, el izquierdista Luis Zamora propondrá que los impulsores del enjuiciamiento no participen de la sesión, porque "la sociedad ya sabe que el único objeto es consagrar la impunidad".
En este escenario, los acusadores -conscientes que no pueden reunir los dos tercios para imponer su postura- buscarán ganar la batalla en la opinión pública para demostrar que tenían los argumentos para promover los cargos contra los ministros del tribunal.
El diputado justicialista Sergio Acevedo expresó su convencimiento en que hoy el oficialismo conseguirá reunir el quórum para discutir las acusaciones contra la Corte Suprema y estimó que "se comenzará el debate" con el dictamen sobre el presidente del alto Tribunal, Julio Nazareno. El diputado Acevedo destacó que "los dictámenes siempre fueron juez por juez y cargo por cargo" contra los miembros del alto tribunal, y señaló que por lo tanto "hay nueve dictámenes distintos" para debatir.
El presidente de la Comisión de Juicio Político recordó que contra Nazareno pesan "44 cargos", entre los que se cuentan "apropiarse de autos de procesados", su actuación en la causa por el atentado a la Embajada de Israel y por "cobrar un plus por desarraigo del 35 por ciento" de su sueldo.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Juicio Político recordó que Nazareno está acusado por "no querer pagar el impuesto a las ganancias, negarse a mostrar la declaración jurada que exige la ley de ética pública", así como "no excusarse en situaciones donde los procesados son amigos de él" y "obtener beneficios previsionales indebidos".