El proyecto que prevé la derogación de los regímenes jubilatorios especiales, que será debatido hoy por el Senado, aún no logró reunir una posición uniforme entre los legisladores, por lo que recién en el propio recinto se definiría si el texto es aprobado sin modificaciones o si será devuelto a la Cámara de Diputados con una nueva redacción.
Tanto el bloque del peronismo como el del radicalismo encuentran diferentes posturas que los llevarían a votar mañana por diferentes alternativas, separadas fundamentalmente por la decisión de mantener o derogar los regímenes especiales de los jueces, de los diplomáticos y de los obispos. La opinión de la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, quien ayer visitó el bloque justicialista del Senado, generó mucha más confusión en ese ámbito, al afirmar que "la quita de los regímenes especiales para jueces y diplomáticos generaría una gran avalancha de juicios contra el Estado".
La ministra adelantó que le aconsejará al presidente de la Nación que una vez aprobado el proyecto por el Congreso "se le realicen algunos vetos en las cuestiones referidas fundamentales con la posibilidad de evitar juicios contra el Estado".
El punto de vista de los senadores del PJ, que en su mayoría se orientaba a mantener el texto aprobado por la Cámara baja, se debía definir anoche durante la reunión de la mayoría de los integrantes de la bancada con el presidente Eduardo Duhalde en Olivos. Si bien hace un mes, cuando comenzó el debate en la Cámara alta, la mayoría de los senadores del PJ pensaba en modificar el proyecto girado por Diputados, en la última semana cambiaron de opinión basándose, fundamentalmente, en la necesidad "de no pagar un nuevo costo político".
Por esto, más de treinta de los cuarenta senadores que integran el bloque peronista firmaron el dictamen de mayoría, aunque más de diez de ellos lo hicieron en disidencia parcial.
