Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado impulsaron una causa para que se investigue si los ex ministros de Economía Domingo Cavallo y Jorge Remes Lenicov, y el ex titular del Banco Central Pedro Pou, cometieron delito al contratar los servicios de la consultora del "lobbista" Carlos Bercún.
Mediante un dictamen presentado ante la jueza federal María Servini de Cubría, los fiscales realizaron un requerimiento de instrucción de una denuncia que el viernes pasado presentó su par Guillermo Marijuan. Esta nueva investigación es un desprendimiento de la causa principal que intenta determinar si existieron pedidos de sobornos a banqueros por parte de allegados al Senado para frenar la sanción de un proyecto de Ley en el Congreso.
Fuentes tribunalicias confirmaron que Freiler y Delgado le pidieron a la jueza una serie de medidas "para impulsar la actividad pesquisitiva" en esta causa iniciada por denuncia de su colega Guillermo Marijuan, fiscal que investiga si existieron sobornos para "frenar" una ley que perjudicaría los intereses de los banqueros.
Marijuan sostuvo que, por su intervención en la causa por supuestos pedido de coimas supo que Bercún, por 19 mil pesos mensuales, realizaba "el seguimiento de la actividad parlamentaria, para obtener información inmediata, confiable y detallada".
Bercún, también incluido en la denuncia por malversación de fondos, según el fiscal "sería titular de la consultora CB S.A." cuyos servicios fueron contratados por la Asociación de Bancos de la Argentina, entre otras empresas, pero también por el Ministerio de Economía de la Nación".
En la denuncia radicada ante Servini de Cubría el fiscal agregó que el 7 de septiembre de 2001 Cavallo habría aprobado la contratación de la consultora CB y que al vencer el convenio, y con Remes Lenicov como ministro, se produjo su renovación.
"Parece increíble que en un país con millones de desocupados y miles de personas en situación de extrema pobreza, el Ministerio de Economía, que no puede desconocer aquellas circunstancias, destine la suma 228 mil pesos por año para conseguir información parlamentaria que es pública y de inmediato acceso para cualquier funcionario" de esa cartera, dijo el denunciante.
Mientras tanto, la "agenda de viajes" del ex directivo del HSBC, Emilio Cárdenas, es analizada en el juzgado que investiga si existieron sobornos para "frenar" el tratamiento de una ley que perjudicaría los intereses de los banqueros. Fuentes allegadas a la investigación indicaron que, en la causa, declaró una empleada (cuya identidad no trascendió) de la agencia de turismo con la que opera, desde hace 15 años, el banquero.
Los informantes indicaron que la mujer habría afirmado que, desde el mes de junio último, Cárdenas "tenía una reserva a su nombre y de su esposa para mediados de octubre" con destino a Sudáfrica.
Pese al hermetismo impuesto a la causa por el juez Claudio Bonadío los informantes tampoco ocultaron su "sorpresa" ante la constatación que los frecuentes viajes que Cárdenas realiza a Uruguay (principalmente a Punta del Este) siempre eligió el transporte aéreo. De esa manera comentaban que esta vez, escasas horas antes que el juez dispusiera su prohibición de salida del país, el banquero optó por viajar a la vecina orilla "por vía terrestre", por Fray Bentos, en un puesto "no sistematizado" y cuyo control no está a cargo de Migraciones, sino de Gendarmería Nacional.
