La ratificación parlamentaria del controvertido convenio de cooperación nuclear suscripto entre Argentina y Australia en el 2000 se transformó en un problema político en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a que se apruebe antes de fin de año.
De hecho, el tratamiento de este acuerdo figura en la agenda parlamentaria de acá a diciembre delineada por el Poder Ejecutivo y representantes del oficialismo, que incluye, entre otros temas, la aprobación del Presupuesto y de las modificaciones al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Es así que, despejados los tironeos en torno al juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que había mantenido a la Cámara baja virtualmente paralizada en los últimos meses, lo cierto es que ahora las prioridades estarán centradas en temas no menos conflictivos que el ya trabajosamente superado.
El interés del Ejecutivo por que el acuerdo suscripto con Australia en el 2000 -por el cual la empresa estatal INVAP comenzó a construir un reactor nuclear para ese país en abril pasado- sea ratificado por el Congreso no resulta un tema menor dado que se habría convertido en un problema diplomático.
De hecho, distintas versiones dieron cuenta de que, en reiteradas ocasiones durante este año, la Cancillería, encabezada por Carlos Ruckauf, habría recibido inquietudes del Estado australiano por la demora en la aprobación del acuerdo en la Cámara baja, luego de su aprobación en el Senado en noviembre. Según las fuentes consultadas, esos contactos del gobierno australiano incluyeron una carta remitida en agosto pasado por el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Alexander Downer, en la que expresaba su preocupación por la campaña que grupos ambientalistas -entre ellos Greenpeace- estaban desarrollando para que la Cámara de Diputados rechace el acuerdo.
En este sentido, Héctor Otheguy, titular del INVAP -la sociedad estatal formada por el gobierno de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) encargada de la construcción del reactor- había expresado ya hace meses su "preocupación" por la demora en la ratificación del acuerdo.
"Si bien no están estrictamente vinculadores el acuerdo (de cooperación) y el contrato (de construcción), el contrato se puede ver afectado por la señal negativa desde el Congreso. Esto podría crear incerteza en la oposición política australiana y redundaría quizás en demoras o que se paralizara el proyecto por presión de los australianos", aseveró Otheguy.
El punto conflictivo del acuerdo, que hace que su tratamiento se encuentre varado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, está centrado en el artículo 12 del acuerdo binacional, por el que Argentina queda obligada a asegurar el procesamiento "fuera de Australia" del combustible irradiado por el reactor una vez que sea puesto en marcha.
Este aspecto del acuerdo, entonces, es el que divide las aguas dentro de los bloques mayoritarios, donde hay diputados de un mismo partido a favor o en contra del convenio, o genera el férreo rechazo de algunas fuerzas, entre ellas el Interbloque Alternativa, Frente para el Cambio y la izquierda.
La polémica en torno a la ratificación parlamentaria no sólo hace ruido dentro de las principales bancadas sino que también provocó la reacción de organizaciones ambientalistas, que no sólo concurrieron a la Comisión de Relaciones Exteriores a expresar sus reparos sino que realizaron diversas protestas y encararon una campaña contra la "importación de residuos nucleares".
De todos modos, fuentes parlamentarias consignaron que se estaría gestando una corriente en los bloques tendiente a buscar un punto intermedio que no implique ni el absoluto rechazo del acuerdo ni la aceptación sin condicionamientos al cuestionado artículo 12 de acuerdo, que estaría reñido con el artículo 41 de la Constitución, que impide el ingreso de desechos radioactivos.
