La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pasó a la firma un dictamen que respalda el proyecto ingresado el martes al Congreso por el presidente Eduardo Duhalde que intenta dar una "certidumbre jurídica" al proceso electoral.
El dictamen, que obtendría el respaldo de justicialistas, provinciales, frepasistas y cavallistas, pero no el de la UCR y el ARI, fue pasado a la firma el despacho, no obstante lo cual la comisión convocó a una reunión de su mesa de conducción con el fin de acercar más las posiciones.
Si bien los diputados radicales expresaron su voluntad de convalidar los decretos de convocatoria a elecciones, también expresaron su rechazo a tratarlos "en el tiempo y la forma" que promueve el oficialismo, por lo cual ayer no se dieron las condiciones de tratar el proyecto en el recinto, dado que se requerían los dos tercios para habilitar su análisis.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional reclamó enseguida que el Poder Ejecutivo, "ejerciendo sus facultades colegislativas", vete el proyecto sancionado que modificó el régimen de jubilaciones para los jueces.
El acuerdo al que se llegó implica la ratificación de las elecciones previstas para el 30 de marzo, así como el fin del mandato del presidente Duhalde para el 25 de mayo.
La ley que se está elaborando determina en su primer artículo la modificación de la resolución de la Asamblea Legislativa del 1° de enero pasado, para que el mandato conferido al presidente Duhalde concluya el 25 de mayo de 2003 y no el 10 de diciembre de ese año, como se había previsto en principio.
La Cámara de Diputados no pudo tratar ayer miércoles el proyecto de ley impulsado por el presidente Eduardo Duhalde para que sea aceptada su renuncia con fecha 25 de mayo del año próximo y sean confirmadas las elecciones generales del 30 de marzo, debido a que el oficialismo no logró reunir los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de esa iniciativa.
La intención del titular de la Cámara, Eduardo Camaño, era lograr ayer mismo la aprobación, para lo cual esperaba lograr un dictamen favorable ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y llegar al tratamiento sobre tablas en el recinto.
El diputado radical Luis Molinari Romero confirmó que su bloque no facilitaría el quórum, porque esa iniciativa -según dijo- "pareciera que tiene que ver más con la interna del Partido Justicialista que con un problema institucional". Previamente, la diputada menemista Alejandra Oviedo anticipó que ese sector del bloque del PJ tampoco bajaría al recinto para tratar el proyecto, y similar decisión adoptó el ARI, que preside Elisa Carrió.
Camaño había sostenido por la mañana que confiaba en que el proyecto del Gobierno iba a ser aprobado "sin ningún tipo de inconveniente" por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Camaño explicó que "lo que envió el presidente al Congreso es la ratificación por ley del decreto del 30 de agosto" pasado, que fija la fecha del 30 de marzo para los comicios presidenciales. Dijo que la razón de sancionar una ley es "decirle a la comunidad, y fundamentalmente a los sectores políticos que señalan que Duhalde se quiere quedar, que (el presidente) quiere cumplir con su palabra".
De todos modos, previendo que quizás no iba a lograr los dos tercios, señaló: "En tal caso lo haremos la semana que viene con total tranquilidad. Esto no es tan urgente como para que se resuelva hoy sí o sí.
A su vez, Molinari Romero afirmó que el proyecto impulsado por Duhalde "no parece el instrumento más idóneo" para resolver los problemas internos del justicialismo, y opinó que la Comisión de Asuntos Constitucionales "tiene que dedicarse a otras cuestiones".
A todo esto, el ministro del Interior, Jorge Matzkin, afirmó que "siempre y cuando no se corra el 25 de mayo" para la entrega del mando, el gobierno aceptaría la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones generales. "Existen algunos márgenes de flexibilidad siempre y cuando no se corra el 25 de mayo. Podemos manejar cierta flexibilidad si este sistema de internas abiertas comprime" los plazos, dijo Matzkin en conferencia de prensa con corresponsales extranjeros.
Sin embargo, insistió en que "no quisiéramos hacerlo si pudiéramos, quisiéramos mantener el proceso actual": 30 de marzo de 2003 las elecciones generales y el 27 de abril si hay segunda vuelta.
La posibilidad existe, ya que según la legislación, se debe respetar un período de 90 días entre la realización de elecciones internas y los comicios nacionales, pero no hay plazos mínimos entre una segunda vuelta electoral que proclame al nuevo mandatario y su asunción, por lo cual esta ronda podría incluso llevarse a cabo una semana antes del traspaso de mando, según indicó Matzkin.