El presidente Eduardo Duhalde vetará parcialmente la ley que derogó las jubilaciones de privilegios, para exceptuar de esa medida a diplomáticos, jueces y obispos y de esa manera evitar una "catarata de juicios", según ratificaron hoy fuentes gubernamentales.
Los voceros argumentaron la decisión de vetar en parte la derogación de los privilegios jubilatorios, dado que el proyecto que votaron los senadores -y que ya había sido aprobado en Diputados- "no es el original que envió" el Poder Ejecutivo, el cual exceptuaba los regímenes especiales de diplomáticos, jueces y obispos.
En la propuesta original del Gobierno, no se habían incluIdo a los integrantes del clero, a quienes "se les paga una compensación", acción vinculada directamente con la obligatoriedad constitucional del "sostenimiento" al culto católico.
En el caso de los jueces y diplomáticos, la medida va a ser "analizada", dado que en su momento el Gobierno "propuso un mecanismo de recálculo" en cada uno de los casos, señalaron los voceros consultados.
La respuesta del Gobierno no se demoró, tras la votación en el Senado que convirtió en ley la derogación de las jubilaciones de privilegio con algunas modificaciones a la iniciativa que Duhalde había enviado en su momento.
De allí que el Gobierno señaló -tal como lo había anticipado la ministra de Trabajo, Graciela Camaño- que habrá un veto parcial en la norma para evitar que "lluevan los juicios".
El miércoles, el Senado derogó los regímenes especiales de jubilación de diplomáticos y jueces y fijó en 3.100 pesos mensuales al tope de haberes que podrán percibir las personas que en un futuro se retiren del Estado.
En una sesión que se prolongó durante varias horas, la Cámara alta votó en particular y dio sanción definitiva a los nueve artículos un proyecto cuyo tratamiento había sido iniciado en la Cámara de Diputados.
La iniciativa dispone que se dejen sin efecto las leyes 22.731, 24.018 y 21.540 de regímenes especiales de privilegio para jueces y miembros del cuerpo diplomático.
De todos modos, en el artículo segundo de la ley se mantienen "los derechos a los beneficios" que las normas derogadas otorgan al personal comprendido en ellas y que tuviere reunida la totalidad de los requisitos exigidos.
Ese derecho no incluye al Presidente de la Nación y su vice, a los jueces de la Corte Suprema, los procuradores generales de la Nación y del Tesoro, senadores y diputados, ministros y secretarios de Estado.
Tampoco mantienen derecho a ser incluidos en los regímenes especiales el jefe de Gobierno porteño, legisladores, secretarios y subsecretarios de la Ciudad de Buenos Aires.
La derogación por parte del Senado de los regímenes jubilatorios especiales provocó un fuerte rechazo en la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que ya le pidió al presidente Eduardo Duhalde que vete la decisión legislativa.
