El Senado convirtió en ley por abrumadora mayoría el proyecto de salud reproductiva que obliga a los centros de salud estatales y privados a suministrar "elementos anticonceptivos" a quienes lo demanden, al tiempo que propicia la difusión de su uso mediante organismos gubernamentales.
La norma fue aprobada en medio de la algarabía de un nutrido público femenino que ovacionó a cuantos senadores se pronunciaron en su favor y hostilizó a los opositores, pese a las reiteradas advertencias de la presidencia del cuerpo. El bloque radical votó en conjunto afirmativamente, pero la bancada justicialista se dividió, ya que su propio presidente, José Luis Gioja, se pronunció por el rechazo, en función de "convicciones íntimas".
En total, hubo sólo cuatro votos negativos, los de los tres senadores sanjuaninos (Gioja, Nélida Martín y Nancy Avelín) y el tucumano de Fuerza Republicana (Pablo Walter).
Durante el prolongado debate, se enfrentaron las concepciones religiosas de algunos legisladores con las posturas de quienes priorizaron la planificación familiar y la prevención del aborto.
La nueva ley establece que el suministro de los métodos y elementos anticonceptivos -"reversibles y transitorios"- serán incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), en el nomenclador de prácticas médicas y en el nomenclador farmacológico. Puntualiza además que el suministro -que en los centros estatales será gratuito- se realizará salvo prescripción médica en contrario y luego de brindar al solicitante información sobre las ventajas y desventajas de los "métodos naturales".
La iniciativa crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud, con el objeto de disminuir la mortalidad materno-infantil; prevenir embarazos no deseados, elevar la salud sexual, prevenir enfermedades de trasmisión sexual, garantizar el acceso a la información sobre salud sexual y procreación responsable y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones vitales.
La ley -cuestionada por sectores de la Iglesia Católica, pese a que excluye expresamente los métodos abortivos- establece que el Ministerio de Salud deberá coordinar con las carteras de Educación y de Desarrollo Social la capacitación de agentes aptos para difundir la utilización de anticonceptivos. La norma establece no obstante que "las instituciones educativas públicas de gestión privada, confesionales o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus convicciones".
Las cuatro primeras oradoras -radicales y justicialistas- se pronunciaron fervorosamente en favor del proyecto, ante la euforia de los nutridos grupos de mujeres que siguieron la sesión desde las barras.
Las legisladoras hicieron hincapié en que el proyecto apuntaba especialmente hacia los sectores más desposeídos, ya que las clases más acomodadas cuentan con la información y los medios necesarios para utilizar anticonceptivos. Los defensores del proyecto señalaron además la necesidad de evitar situaciones traumáticas producidas por abortos realizados en pésimas condiciones de asepsia, que derivan en muertes innecesarias de mujeres jóvenes.
El riojano Eduardo Menem celebró la alegría femenina que partía de los palcos, elogió el fondo del proyecto y advirtió que "éste no es un problema sólo de la mujer, sino también del hombre, de la familia y de la sociedad". También se pronunciaron a favor el radical Luis Falcó y la chubutense Marto Rasso, pero la justicialista cordobesa Beatriz Halack anticipó su intención de propiciar algunas modificaciones a la norma, al igual que su compañera jujeña, Marta Castro.
La primera voz opositora al proyecto partió de la justicialista sanjuanina Nélida Martín, quién fundó su rechazo en que el uso de anticonceptivos "se contradice con la promoción de la natalidad en un país con baja intensidad poblacional".
"Como persona, adhiero a lo expresado por el arzobispo de Buenos Aires y el obispo de mi provincia", agregó Martín en medio de algunos silbidos de la barra. Poco antes de las 19, ingresaron al recinto la coordinadora de Políticas Sociales, Hilda "Chiche" Duhalde, y el ministro Salud, Ginés González García, quienes fueron recibidos con una ovación desde los palcos y una lluvia de papel picado.
El presidente del bloque justicialista, Gioja, lamentó tener que hablar en contra del proyecto ante la esposa del presidente de la Nación, ya que -dijo- "por conciencia y formación" votaría en contra.
Al igual que sus comprovincianos Gioja y Martín, la sanjuanina de Cruzada Renovadora, Nancy Avelín, se pronunció por el rechazo, ya que consideró que "el proyecto no protege la vida desde la concepción" y abre las puertas a métodos abortivos, entre los cuales incluyó al DIU. Avelín señaló que el texto no precisa los métodos anticonceptivos aprobados y concluyó que "todo método que impida el anidamiento, es abortivo".
Tras una aclaración de la catamarqueña Marita Colombo, quien recordó que los métodos anticonceptivos precisamente evitan la concepción al interceptar al espermatozoide, tomó la palabra Antonio Cafiero.
El senador bonaerense -de reconocida confesión católica- anticipó sin entusiasmo su voto favorable, pero advirtió que presentaría luego modificaciones, ya que -a su juicio- "la norma parece carecer de ética".
