El Gobierno presentó cuatro proyectos de ley ante el Congreso Nacional que proponen elevar las penas a quienes cometan secuestros extorsivos y crea un programa de protección de testigos.
El ministro de Justicia, Juan José Alvarez, afirmó que los legisladores se comprometieron a "avanzar" en el tratamiento de los proyectos luego de reunirse con los presidentes de las cámaras de Diputados, Eduardo Camaño; y Senadores, Juan Carlos Maqueda; ante quienes dejó en claro el apuro del Gobierno por buscar una solución a la ola de secuestros.
"La Argentina tiene la posibilidad de que esto no se convierta en una pandemia", subrayó Alvarez y agregó que las iniciativas legislativas forman parte de la "respuesta del Estado Nacional ante la preocupación de la sociedad".
Los proyectos del Ejecutivo buscan reformar el Código Penal, modificar el Código Procesal Penal, crear un Programa Nacional de Protección a Testigos y formar un Fondo Permanente de Recompensas. La propuesta de reformar el Código Penal prevé adecuar algunos artículos a la "nueva modalidad delictiva", agravar las penas por prisión ilegal calificada y secuestro extorsivo de hasta 25 años de cárcel e incorporar la figura del arrepentido.
Además, plantea el decomiso de bienes muebles e inmuebles utilizados para delinquir, que serían destinados al programa de asistencia a las víctimas, incorporado al artículo 23.
La solicitud de Alvarez tuvo una respuesta positiva de los diputados y senadores justicialistas y radicales, que se comprometieron a acelerar la aprobación de esta batería de iniciativas para combatir la nueva forma delictiva que son los secuestros extorsivos.
Alvarez dijo que es necesario contar con herramientas legislativas diferentes porque hoy "estas bandas tienen más sofisticación" y "por eso nosotros tenemos que ser contundentes y duros para que esto no se establezca como en otros país donde este tipo de delitos es muy común".
El ministro formuló estos conceptos en una conferencia de prensa que brindó en el Congreso junto a los titulares de las Cámaras de Diputados, Eduardo Camaño, y de Senadores, Juan Carlos Maqueda y legisladores radicales y peronistas especializados en la materia. Alvarez agregó que "el año pasado por secuestros en los principales países del mundo se han pagado aproximadamente 500 millones de dólares de rescate, y esto nos da la pauta que es un delito que hay que abortarlo rápidamente, porque sino estos se pueden convertir en una pandemia".
Los proyectos elaborados por la Comisión Asesora para la Prevención del Secuestro de Personas que preside León Arslanián proponen la creación de un fondo permanente de recompensas, el programa nacional de protección a testigos e imputados, y reformas al Código Penal para agravar penas por privación ilegal calificada y secuestro extorsivo.
Sobre el tiempo que demandará la sanción de estos proyectos, tanto Alvarez como Camaño rescataron la voluntad de predisposición de aceleración de la discusión de estas cuatro iniciativas, de las cuales dos están a consideración del Senado y las restantes de diputados.
En ese sentido, Alvarez dijo que hay "un compromiso de avanzar en un tema que tiene una honda repercursión pública en función de hechos recientes, esperando que con esta legislación, y de un mayor accionar por parte de las distintas policías vamos a poder frenar y hacer decrecer este delito que nos tiene a todos preocupados".
"Los legisladores están totalmente de acuerdo que es un problema que tiene una honda repercusión, genera una gran zozobra, y por eso van a hacer un gran esfuerzo para que se convierta en ley lo más pronto posible", agregó.
El trámite de los proyectos legislativos tendrá un diferente recorrido porque existe un dictamen votado en Diputados modificando el Código Penal al cual se incorporarán en el Senado los cambios que está proponiendo el Gobierno para agravar penas en caso de privación ilegítima de la libertad y secuestro.
