El Senado sancionó por unanimidad la ley que consagra un cupo femenino mínimo del 30 por ciento en las listas de candidatos a conducir las entidades sindicales y la proporcionalidad de mujeres en las representaciones de las convenciones colectivas de trabajo.
La norma obliga a las distintas corrientes que militan en las asociaciones sindicales de primero, segundo y tercer grado, a ubicar entre los postulantes a la conducción un 30 por ciento de mujeres. Se establece además que la autoridad electoral pertinente no oficializará la lista que no cumpla con el cupo femenino, salvo en aquellos casos en que el padrón de afiliados tenga un número de mujeres inferior al 30 por ciento.
En las negociaciones colectivas de las condiciones de trabajo, cada unidad deberá contar con un número de mujeres proporcional a la cantidad de trabajadoras de la rama o actividad respectiva, prescribe el texto legal.
La ley fue sancionada con la presencia de la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, que fue una de sus impulsoras cuando ocupó una banca en la Cámara baja.
La senadora justicialista pampeana Carmen Gómez de Bertone dijo que la integración de las mujeres a las conducciones permitirá la "igualdad de oportunidades" y "le dará una nueva mirada a los sindicatos". El radical mendocino Raúl Baglini adelantó el voto favorable de su bancada, aunque criticó el hecho de que la participación femenina se logre mediante lo que calificó como "una suerte de apartheid". Baglini abogó porque en el futuro las normas encuentren "una expresión más ajustada porque de lo contrario voy a tener que empezar a preocuparme por el cupo masculino".
El radical Juan José Passo lamentó que cuando presidía la Comisión de Trabajo de la Cámara baja la CGT no hubiera acudido a fijar posición sobre el proyecto.
En otro orden, el Senado aprobó la creación de una comisión parlamentaria investigadora del cumplimiento de la ley de cheques en lo atinente a la integración de un fondo de financiamiento de programas para personas con discapacidad y el destino que se dio a esos fondos.
La comisión tendrá por objeto determinar el destino que las entidades financieras dieron a los recursos obtenidos con las multas pagadas por los cheques rechazados. La ley de cheques estableció que esos fondos debían ser destinados exclusivamente a financiar programas de atención integral a pesonas discapacitadas, pero las entidades de discapacitados denunciaron desvíos de fondos.
