El acuerdo en la Cámara baja fue alcanzado durante una reunión realizada en la presidencia del cuerpo, de la cual participaron el ministro del Interior, Jorge Matzkin; el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, el titular de la AFIP, Alberto Abad y representantes de las bancadas radical, justicialista y de partidos provinciales. La amenaza de que una eventual ley que prorrogara la suspensión de las ejecuciones que vencía ayer sería vetada por el Poder Ejecutivo, pesó en el ánimo de los legisladores que calcularon que no tendrían tiempo para rechazarlo, en virtud de que las sesiones ordinarias concluyen en sólo dos semanas.

También pesó el hecho de que el ministro de Economía Roberto Lavagna se dispone a viajar a los Estados Unidos para dar los últimos toques a un acuerdo con el FMI.

Para garantizar el compromiso entre el gobierno y los banqueros, estuvieron presentes también en el despacho de Eduardo Camaño, los titulares de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Mario Vincens y de la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABAPPRA), Carlos Heller.

Tras el compromiso logrado en la Cámara baja, los tres funcionarios del Ejecutivo marcharon a una reunión con el bloque justicialista de senadores con una carta ganadora en sus mangas: por más que la Cámara alta insistiera en tratar el proyecto de prórroga que cuenta con despacho de comisión, no se convertiría en ley por la negativa de los diputados justicialistas.

Matzkin, Atanasof y Abad explicaron a los legisladores que el Poder Ejecutivo enviará antes que concluya esta semana un proyecto de ley que establece una mediación obligatoria previa a toda ejecución prendaria o hipotecaria.

El diputado justicialista Juan Manuel Urtubey informó que se respaldó el acuerdo con los bancos y que aguardan un proyecto para establecer un sistema de mediación que llegará en los próximos que "implicará también una prórroga para los deudores privados".

Si bien los diputados radicales aceptaron el mecanismo propuesto por el gobierno, se quejaron de que no contemple a los deudores privados y se mostraron opuestos al levantamiento de la sesión.

Por su parte, el senador Oscar Lamberto afirmó que "no puede haber una cacería de deudores" con las ejecuciones hipotecarias. Por lo tanto, el legislador expresó que es necesario "encontrar una salida" definitiva sobre este tema, tras el acuerdo temporal de postergar las ejecuciones hasta el febrero de 2003.

Según el legislador, sería "inútil" que el Congreso trate un proyecto de ley sobre esta cuestión "si antes no hay un acuerdo con el Poder Ejecutivo".

"El objetivo es que haya una salida ordenada y eficiente de todo este proceso", dijo Lamberto, en declaraciones radiales formuladas esta mañana.

A todo esto, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Mario Vicens, consideró que la suspensión de las ejecuciones hipotecarias "colabora para la normalización gradual del mercado de crédito", mientras que el titular de ABAPPRA, Carlos Heller, aclaró que las entidades "no tiene vocación de quedarse con los inmuebles de la gente". Vicens afirmó que el FMI "no ejerció una influencia importante" para que el Gobierno y las entidades financieras encontraran una solución a los remates judiciales, tras la decisión de suspenderlas hasta el primero de febrero de 2003.

"Esta suspensión tiene un efecto favorable sobre algunos deudores, cuya capacidad de pago se va recuperando en el tiempo. Pero hay que salir de la situación de suspensiones compulsivas para ir normalizando el mercado de crédito, ya que sin crédito va a ser imposible que se recupere el país", sostuvo el directivo.

Por su lado, Heller, titular de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina, aseguró que esa entidad "no tuvo ningún problema" en suspender la ejecución de las deudas hipotecarias hasta febrero próximo. "El ministro (de Economía) Roberto Lavagna me llamó el viernes pasado y me adelantó qué se iba a tratar en la reunión que mantuvimos ayer. Por eso, fui a ese encuentro con una absoluta vocación de acordar", señaló el banquero.

Además, subrayó que los bancos "expresamos que no tenemos vocación de quedarnos con los inmuebles de la gente. Sólo aspiramos a recuperar razonablemente nuestras acreencias en función de los préstamos otorgados".

Mientras tanto, la Legislatura bonaerense tiene en estudio un proyecto de ley que dispone la suspensión por 90 días de las ejecuciones de bienes muebles e inmuebles destinados a vivienda única, producción, comercio o de pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados bonaerense por la justicialista María Inés Fernández, establece la suspensión de la ejecución de sentencias cuando afecten a bienes del deudor destinados a vivienda única, a la producción, comercio o prestación de servicios de emprendimientos unipersonales o PyMES. "Esta medida ayudará al mantenimiento de la paz social y evitará situaciones injustas que perjudican a ciudadanos y pequeñas y medianas empresas que no sólo no pueden pagar sus deudas sino que se encuentran con la incertidumbre por la posible pérdida de sus bienes y de su producción", explicó Fernández.