Las diferencias entre justicialistas y radicales acerca del modo de paliar los efectos del descongelamiento de las ejecuciones hipotecarias operado el 14 de este mes continuaban trabando ayer en la Cámara baja el tratamiento del cronograma electoral.
Una delegación de legisladores radicales, justicialistas y frepasistas negociaron durante toda la tarde con técnicos de los Ministerios de Economía, Interior y de la Jefatura de Gabinete las distintas propuestas tendientes a amortiguar los efectos del descongelamiento de las ejecuciones hipotecarias y prendarias.
Los justicialistas Omar Becerra y Juan Carlos Correa estimaron que durante la reunión realizada en Economía se produjeron "importantes avances", en tanto el presidente de la bancada radical, Horacio Pernasetti, consideró que "sólo hubo un leve avance" en las negociaciones.
En realidad, el Poder Ejecutivo está dispuesto a dictar un decreto de necesidad y urgencia que sólo comprende a las ejecuciones extrabancarias de un monto a determinar, para los cuales se establecería una mediación administrativa en las esferas del Ministerio de Trabajo para los particulares y del Ministerio de la Producción para las PYMES. Esa posición es acompañada por la mayoría del bloque justicialista, en tanto los radicales pretenden que el mecanismo alcance a los deudores bancarios y extrabancarios y sea resuelto en el ámbito judicial.
La audiencia de conciliación que plantean los radicales debería realizarse en presencia del juez actuante en la causa, en tanto los justicialistas se inclinan porque la mediación la realice un funcionario de los ministerios mencionados a pedido de alguna de las partes.
Pese a estas diferencias, los justicialistas esperan que radicales, frepasistas e integrantes de otros bloques opositores den finalmente la luz verde al decreto de necesidad y urgencia durante una nueva reunión para acercar posiciones que se realizaría hoy o el lunes. Entre ambas posiciones se agita el fantasma de un nuevo desacuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha exigido que no se siga suspendiendo la plena vigencia de la ley de Quiebras como una de las condiciones para seguir negociando con la Argentina.