Oficialismo y oposición entrarán esta semana en una dura negociación en la Cámara de Diputados para convertir en ley el cronograma electoral acordado entre los gobernadores y el presidente Duhalde que cuenta con media sanción del Senado.
El jueves pasado, la Cámara alta logró dar sanción al cronograma electoral a pesar de la resistencia del sub-bloque menemista a convalidar la fecha fijada por el presidente Duhalde. La sesión del Senado se constituyó en un recurso de emergencia del oficialismo ante el fracaso de la reunión parlamentaria en Diputados, por la exigencia del radicalismo de tratar previamente la situación de los deudores hipotecarios.
Asimismo, desde el radicalismo ya se anunció que propiciarán una modificación del proyecto de calendario electoral aprobado en el Senado, porque en el mismo no consta la fecha en la que debe asumir el sucesor del presidente Eduardo Duhalde.
En realidad, la aprobación del paquete electoral se trabó el miércoles pasado porque los radicales habían condicionado su aprobación a que se trate en forma previa un proyecto sobre ejecuciones hipotecarias, pero no fue aceptado por el justicialismo.
Ahora se estima que este lunes se podría destrabar esta controversia en una reunión que se realizará en el Ministerio de Economía, donde se buscará saldar las diferencias entre el oficialismo y el radicalismo que quiere un sistema de mediación en ese judicial.
Si la negociación prospera y hay acuerdo en la sesión que comenzará el miércoles se convertirá en ley el llamado a elecciones para el 27 de abril en primera vuelta, el 18 de abril el ballotaje, y la suspensión de la vigencia de ley de elecciones internas, obligatorias y simultáneas.
La diputada nacional por la UCR Margarita Stolbizer anunció que su bloque promoverá la modificación del proyecto de calendario electoral aprobado en el Senado de la Nación, porque en el mismo no consta la fecha en la que debe asumir el sucesor del presidente Eduardo Duhalde. La legisladora adujo que el proyecto permite la existencia de una "franja" entre la fecha de renuncia de Duhalde, prevista para el 25 de mayo, y el 10 de diciembre, la fecha en la que aún se contempla la asunción de las nuevas autoridades. A juicio de la diputada Stolbizer, "esa franja se presta a todas las dudas y sospechas que hay en este momento".
En ese sentido, indicó que su bloque no tiene problemas en la fecha propuesta para aceptar la renuncia del actual presidente, pero señaló que el Senado "incurrió en un nuevo error" al no dar precisiones sobre la fecha en la que va asumir el nuevo presidente.
Este miércoles es la última sesión ordinaria del año y, por tanto, la última oportunidad de la oposición de pedir el tratamiento de iniciativas propias, porque en el período extraordinario es el Poder Ejecutivo el que convoca a los legisladores y fija el temario de las sesiones.
El radicalismo insiste que no avalará el cronograma electoral y la aceptación de la renuncia presidencial al 25 de mayo, si no se soluciona la situación de incertidumbre de miles de deudores hipotecarios en bancos y entidades financieras. De este modo, el presidente de la Cámara Eduardo Camaño, el operador más fuerte del Gobierno en el Congreso, tendrá que aceptar la discusión de las ejecuciones hipotecarias o esperar a que el Gobierno convoque al período extraordinario.
No obstante, por tratarse de una cuestión electoral, se necesitan 129 votos positivos para aprobar el acuerdo electoral de Duhalde con los gobernadores.
Indistintamente de cómo se introduzca el tema, si es a través del Ejecutivo o por acuerdo entre los bloques, el duhaldismo necesita de los radicales para alcanzar la mayoría exigida.
La dispersión del bloque derivada de la interna, debilita al oficialismo que, de este modo, no tiene otra alternativa que recurrir al por ahora compacto bloque de sesenta disputados radicales.
En los corrillos posteriores al fracaso de la sesión en Diputados, legisladores del oficialismo atacaron duramente a sus pares del radicalismo, tildándolos al menos de "desleales", pero reconociendo que hacer uso de las necesidades del Gobierno en materia legislativa es una práctica habitual cuando una fuerza está en la oposición.