Si bien aún los radicales han condicionado el debate del llamado a elecciones a que previamente exista un acuerdo para instrumentar una conciliación previa a los remates, el justicialismo confía en que se logrará el consenso que permita destrabar la actividad parlamentaria.

Lo cierto es que ningún legislador aceptará concluir el período ordinario sin realizar la última sesión, que es la última oportunidad del año para aprobar iniciativas de índole provincial, ya que en el tiempo extraordinario la agenda legislativa es manejada desde el Gobierno. Por eso, el justicialismo confía plenamente en que finalmente se retomarán las sesiones -hace un mes y medio que no hay reunión del pleno del cuerpo- y se aprobará el llamado a elecciones y la suspensión de las elecciones internas abiertas, la renuncia anticipada del presidente Eduardo Duhalde.

Pero para que ello ocurra es esencial el respaldo del radicalismo porque se requiere una mayoría especial de 129 votos positivos que solo se alcanzará con el apoyo de, al menos, medio centenar de diputados de la UCR y una decena de provinciales.

La sesión maratónica que se extenderá hasta el viernes contempla además un paquete de centenares de leyes, resoluciones y declaraciones que se votarán a libro cerrado, como sucede siempre en las últimas sesiones del período ordinario.

Dentro de ese conjunto de dictámenes figuran los proyectos de ley de software, la creación de registro nacional único de sentencias condenatorias por incumplimientos laborales, la modificación a la ley de contrato de trabajo en relación a las facultades disciplinarias del empleador, exigiendo dar traslado de las mismas al empleado antes de ser aplicada.

El paquete de proyectos abarca la creación del registro de deudores alimentarios morosos, una reforma al Código Penal sobre agravamiento de penas de los delitos ocurridos en despoblado, el acuerdo Argentina y Corporación andina de fomento, y una modificación a la jubilación de autónomos.

Además hay otro conjunto de iniciativas que tienen disidencias pero que igual se debatirán, entre las cuales están, el derecho de acceder a la información de cualquier órgano perteneciente al sector público, la reforma al impuesto que se aplicará cuando se abonan con lecop y patacones. También está pendiente la ratificación del convenio entre Argentina y Australia por la construcción del reactor nuclear, cuya licitación ganó el INVAP, pero su tratamiento está en duda por las divisiones transversales que provocó en cada fuerza política.

A este paquete de iniciativas pueden sumar otras nuevas que se traten sobre tablas, es decir que no tenga el correspondiente dictamen de comisión.