Como es habitual y estaba previsto, la Cámara de Diputados aprobó ayer un megapaquete de iniciativas, a propósito de la inminencia del cierre de sesiones ordinarias.
La jornada se inició con la votación de 36 proyectos a libro cerrado, tras lo cual la Cámara baja aprobó una modificación a la Ley de entidades financieras y otro proyecto de ley mediante el cual se crea una aduana en la ciudad misionera de Oberá.
El primero de los proyectos votados corresponde al diputado socialista Héctor Polino y beneficia a las cooperativas, en tanto el segundo fue impulsado por los diputados radicales por Misiones, Raúl Salmorado y María Nilda Soda.
Seguidamente, el cuerpo votó en rápido trámite, 355 proyectos de resolución y declaración que no tenían disidencias ni observaciones formulados en las respectivas comisiones que los analizaron.
De este modo, entre las 13.05 y las 14.35, una hora y media de sesión, el cuerpo había aprobado 38 proyectos de ley y 355 proyectos de declaración, lo que hace un total 393 proyectos.
El diputado socialista Jorge Rivas cuestionó el método utilizado y adelantó la abstención de su bloque a todo proyecto que tuviera alguna disidencia o cuyo contenido no fuera conocido por el plenario.
Tras agotar el cúmulo de proyectos que habitualmente atiborran las últimas sesiones del período ordinario, la Cámara baja avanzó con el cronograma electoral.
Entre las iniciativas tratadas, Diputados dio media sanción a una modificación a la Ley de Contrato de Trabajo que busca evitar que se produzcan despidos encubiertos bajo el disfraz de supuestos acuerdos de rescisión de contratos laborales. También aprobó y giró en revisión al Senado la creación de un Registro Unico de Sentencias Condenatorias por Incumplimientos Laborales en el que estarán consignados los empleadores condenados en ese ámbito, información que deberá ser accesible para cualquier ciudadano.
La iniciativa sobre contrato de trabajo, incluida dentro del paquete de 36 proyectos de ley votados a libro cerrado, establece que si bien las partes por mutuo acuerdo pueden extinguir un contrato, "el acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo". Además, prohíbe la posibilidad de que exista una compensación económica a cargo del empleador por concepto alguno "cuando la extinción del contrato se produzca mediante escritura pública" y establece que la rescisión sólo puede entrar en vigencia luego de una audiencia ante la autoridad administrativa del trabajo.
Por otro lado, la iniciativa, impulsada por el diputado justicialista Saúl Ubaldini indica que "si el acuerdo se efectúa ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, el juez interviniente o el funcionario actuante deberán recabar de las partes signatarias la expresión de los motivos de la rescisión". También, determina que "será nulo y sin valor" el acto que no cumpla con los requisitos establecidos para la extinción de un contrato de trabajo.
En sus fundamentos, el autor de la iniciativa -con consenso de la Comisión de Legislación del Trabajo- señala que "se ha observado en muchos casos se ha encubierto el despido indirecto mediante actitudes de elusión y/o evasión".
Otro de los proyectos incluidos en el paquete de iniciativas votado a libro cerrado fue la creación de un Registro Unico de Sentencias Condenatorias por Incumplimientos Laborales en el ámbito de la Jefatura de Gabinete. La información que contenga ese registro, según lo determina el proyecto, deberá ser aportada por los secretarios de los juzgados de primera instancia o tribunales provinciales en los que originariamente tramitó la causa en un plazo de 72 horas contadas desde el pronunciamiento judicial.
"La omisión en dar cumplimiento íntegro a dicha obligación será considerada como grave incumplimiento de los deberes de funcionario público, y la conducta del secretario será pasible de las sanciones y penalidades previstas para esos caso", establece en uno de sus puntos el artículo segundo.
En tanto, la iniciativa señala que la información de ese registro "tendrá carácter público y deberá ser puesta a disposición de todo ciudadano que así lo solicite", aunque obliga también a la Jefatura de Gabinete a publicar mensualmente el listado de los empleadores condenados en ese plazo.
También se le dio media sanción a un proyecto de ley que restituye el cobro de multas a los cheques rechazados y que destina lo recaudado a la aplicación de programas y proyectos a favor de personas con discapacidad.
Los legisladores aprobaron este proyecto dentro del paquete de iniciativas que fueron votadas a libro cerrado esta tarde en la Cámara baja al iniciar la última sesión ordinaria del año, en tanto ahora, para su sanción definitiva restaría su tratamiento en el Senado, que recién pasaría al próximo año.
La consideración de este proyecto había sido reclamada por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención de la discapacidad en manifestaciones realizadas frente al Congreso en distintos momentos del año y que incluyeron una vistosa protesta con gigantescos muñecos en la explanada del Congreso.
En su artículo 1, la iniciativa, aprobada por unanimidad, establece que será sancionado con una multa equivalente al 4 por ciento del valor del cheque, con un mínimo de 100 pesos y un máximo de 50 mil pesos. También fija que el girado estará obligado a debitar el monto de la multa de la cuenta del librador, e indica que, en caso de que esa medida no sea cumplida dentro de los treinta días del rechazo, "ocasionará el cierre de la cuenta corriente e inhabilitación".
